Informativo Púlsar 18/05/2011

Shell admite los daños ambientales de sus operaciones. Abuelas de Plaza de Mayo exigió el avance de la causa Noble Herrera en Argentina. El resultado de la consulta popular en Ecuador se prolonga hasta el viernes. Comisión investigará la concesión a Hidroaysén en Chile.

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La presidenta marcó la cancha a la propia tropa

Emilio Marín (LA ARENA)

 

 

En lo que va de mayo, la presidenta se ha esforzado por desmarcarse de Hugo Moyano. Pensará que poniendo distancias y retándolo en público, el sindicalismo verá recortadas sus alas. Calcula que Moyano apichonado sería menos "piantavotos", para usar la expresión del gobernador Juan M. Urtubey.

En realidad no se trata sólo del jefe del sindicato de Camioneros y de la CGT. Es un problema más general, porque algunas de las medidas de fuerza que más molestaron al gobierno -por caso de los petroleros y los docentes de Santa Cruz- no fueron motorizadas desde Azopardo 802. Los primeros tienen un dirigente nacional enrolado en la CGT de Luis Barrionuevo, o sea duhaldista y vinculado con Francisco de Narváez.

Los medios monopólicos vieron la oportunidad para meter más cizaña entre Cristina Fernández y el líder cegetista, con lo que simplificaban el problema en una sola dirección.

Más allá de esa unilateralidad de Clarín y "La Nación", hubo amargas quejas de la oradora hacia quienes dicen apoyarla para la reelección pero luego la desacatan al promover, según ese enfoque, una mayor conflictividad laboral.

La presidenta está con los tacos de punta contra esa tendencia. El 2 de mayo recibió a Moyano y una treintena de miembros del Consejo Directivo cegetista y les urgió a moderar sus reclamos en el número y forma de los paros. Lo volvió a repetir en tele-conferencia, el día que Julio De Vido y Sebastián Ezkenazi presentaron el descubrimiento de un mega-yacimiento en Neuquén. Y dio la estocada final en su discurso en Marcos C. Paz, donde dejó planteada la posibilidad de no competir por la reelección en 2011. "Yo no estoy muerta por volver a ser presidenta, muchachos; ya di todo lo que tenía que dar, a mí no me van a correr", dijo en esa ocasión. Moyano, resfriado, la miraba por TV.

Desde el punto de vista gremial, poco puede imputarle el gobierno al camionero, pues firmó una paritaria por el 24 por ciento de aumento, índice más que moderado. Los ministros y empresarios de la UIA están agradecidos por ese techo puesto a demandas de otros sindicatos.

El problema es político: Moyano espantaría a la clase media y CFK necesita ese voto no sólo en Capital Federal sino en todo el país. Sería la manera de superar el 40 por ciento y ganar en primera vuelta. En ese marco, que el sindicalista diga que quiere a uno de los suyos en el poder en un futuro cercano, que aliente a Héctor Recalde con el proyecto de distribuir 10 por ciento de las ganancias empresarias, que quiera meter al vice de Daniel Scioli y diputados suyos en las listas del FPV-PJ, etc, eso cae muy mal en Balcarce 50.

Las pretensiones políticas del camionero irían más acordes a otro partido. En el peronismo no hay mandos compartidos. Hay un solo jefe, o jefa. El debería saberlo, ya que actúa del mismo modo de "ordeno y mando" en la CGT.

Error presidencial

El enojo de la presidenta parte de un error: supone que hay una intencionalidad y un manejo político en los conflictos. Sin que se pueda asegurar la ausencia total de ese fenómeno, la amplia mayoría de las medidas en fábricas, oficinas y escuelas tienen razones válidas. O el salario no alcanza porque los básicos están rezagados o, siendo más altos, son mordidos por el impuesto a las ganancias, o hay insalubridad o tercerizaciones o negritud, incluso en el Estado.

Los motivos de gran parte de los paros son válidos y no se debería ver allí una conspiración contra el gobierno. Menos aún en Moyano, que hasta ahora ha jugado lealmente del lado presidencial., ni en la CTA de Hugo Yasky, que se considera afortunado con lo logrado y busca ir por más. ¿Acaso no es el propio oficialismo el que alienta desde la pantalla de canal 7 y 678, "Nunca menos"?

Hay que puntualizar que en el primer trimestre del año hubo menos paros de trabajadores que en los últimos años. La investigación de Josefina Ichaso, para Nueva Mayoría, arrojó que en ese lapso hubo 70 conflictos, la menor cantidad registrada desde 2004.

Recién en abril hubo un alza de los conflictos, 64, la marca más elevada de los últimos doce meses. La remontada tuvo que ver con 24 paros de petroleros, que aportaron un 39 por ciento de esa conflictividad.

Esos trabajadores tienen salarios comparativamente elevados y pedían una recomposición anual del 40 por ciento. ¿Pero qué decir de las patronales petroleras, multinacionales, con ganancias multimillonarias? El comentado descubrimiento de petróleo en Vaca Muerta, Neuquén, engrosará sobre todo el patrimonio de los españoles de Repsol y de su aliado local Ezkenazi, no el de "todos los argentinos", como expresó CFK.

¿Se puede en ese caso condenar la huelga petrolera como la presidenta lo hizo en febrero con los portuarios de Rosario que querían un sueldo de 5.000 pesos? ¿Se puede criticar a esos gremios diciendo que todavía hay argentinos sin empleo? No parece justo, porque esa asignatura pendiente es del gobierno y los empresarios. No es culpa de los petroleros ni de los portuarios ni de ningún otro oficio. Penalizarlos porque reclaman más ingresos supone que cabría igualar hacia abajo, algo incongruente con el planteo de "movilidad social ascendente" tan grato a los oídos kirchneristas.

Hablando de empresarios, en los últimos discursos presidenciales hubo algunos reproches hacia ese sector. El gobierno aclaró que no es neutral ni admite la explotación. Pero fueron críticas muy tibias, matizadas con concesiones como la definición cristinista de que una cláusula de convenio es preferible antes que la ley Recalde de distribución de ganancias. De los dos demonios (explotación y extorsión), el más peligroso sería el que habita las cavernas sindicales. El demonio real, UIA y multinacionales, feliz de que el PEN siente a otro en el banquillo de acusados.

Materia bien aprobada

A contramano de esa performance mediocre en materia económica-social, el gobierno sigue acumulando méritos en derechos humanos. Es una materia donde cosecha altos puntajes, aunque no todos los méritos son suyos sino primordialmente de los organismos de derechos humanos y una amplia franja de la sociedad, incluyendo una parte sensible de la justicia.

Como sea, en estos días se están escuchando fuertes alegatos en las causas El Vesubio, Esma y Plan sistemático de Robos de Bebés, que son las más resonantes pero no las únicas porque hay otras ventilándose en el interior.

La detención de tres ex aviadores en los vuelos de la muerte, más otro ex mecánico y un civil actuante en la Esma bajo el rótulo de "Teniente Vaca", fueron una novedad impactante. Quedaría así esclarecido el episodio del vuelo donde fueron arrojadas al mar y asesinadas las dos monjas francesas, tres madres fundadoras y siete militantes populares (cinco de ellos de Vanguardia Comunista, actual PL).

Con esas detenciones se está acumulando material para una causa Esma II. Será luego que el Tribunal Oral 5 termine de escuchar los alegatos de las querellas y las defensas y se pronuncie sobre las condenas que recibirán Alfredo Astiz, Jorge Tigre Acosta, Miguel Cavallo y otros marinos actuantes en el mayor campo de tortura y exterminio que funcionó durante la dictadura militar-cívica.

Justamente la falta de personajes del empresariado, la política y los pulpos de la comunicación entre los que rindan cuentas de sus complicidades con el terrorismo de Estado puede marcarse con un déficit. Estos procesos judiciales son básicamente para enjuiciar uniformados, todos en retiro.

Ojalá que pronto se pueda asistir a audiencias públicas contra ex funcionarios judiciales como los mendocinos Miret y Romano, los directivos de automotrices que hicieron desaparecer delegados en Mercedes Benz y Ford, los apropiadores de Papel Prensa, etc.

Uno que tendrá que comparecer, aunque sólo como testigo, por ahora, es el cardenal Jorge Bergoglio. Ha sido convocado a pedido de un fiscal y un letrado de Abuelas de Plaza de Mayo, en el tema del robo de bebés. El obispo se lavó olímpicamente las manos de ese asunto cuando en la causa Esma obligó a que el tribunal fuera a su residencia. Ahora habría pruebas de que sabía sobre esos robos y se ha pedido que comparezca en Comodoro Py 2002, con todo el revuelo periodístico que el ex amigo del almirante Massera no quería provocar.

Otra causa que a pesar de sus notables retrasos tendrá que llegar algún día a juicio es el de la propietaria de Clarín, referido a la identidad de sus hijos irregularmente adoptados.

Una cámara ha citado para el 26 de mayo a una audiencia donde las dos partes darán sus argumentos sobre un tema muy sencillo, previsto en la ley, pero complejizado por Ernestina Herrera. Marcela y Felipe se tienen que hacer el análisis de ADN, sí o sí. Eso marca la ley, lo otro es chicana, o peor aún, ocultamiento y supresión de identidad.

Las Abuelas de Plaza de Mayo convocaron para este martes a un acto cultural, al cumplirse diez años desde que pidieron la apertura de esta causa. En un tiempo preelectoral de tantas encuestas, sería bueno una que pregunte: 1) ¿Le cree a las Abuelas?, 2) ¿O le cree a Clarinete?

Detrás del arcoiris

Hace 21 años la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad del Manual Estadístico de Enfermedades y Problemas de Salud. Desde ese día, en el mundo se recuerda esta fecha como Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia. A un año del fallo histórico en nuestro país, una breve reflexión sobre la situación actual de la comunidad LGBTTI, donde no todo es color rosa, tampoco de arcoiris. Por ContraPunto.

El 14 de Julio del año pasado la Ley de Matrimonio Igualitario fue aprobada en una sesión histórica del Congreso de la Nación, donde los discursos más conservadores y patologizantes quedaron al descubierto, y, tras el triunfo, muchos esperaron respirar un aire de más libertad para la comunidad LGBTTI (lesbianas - gays - bisexuales - tránsgenero - travestis - intersex). Pero lo cierto es que un prejuicio arraigado en los mandatos católicos, culturales y sociales más ancestrales no cambiaría de un día al otro, y hoy, a casi un año de aquel fallo que significó tanto, se puede ver que algunas cosas siguen tal como antes.

El 7 de Marzo de 2010, cuando las tensiones en el debate a favor y contra el matrimonio atravesaban la etapa de mayor confrontación, cuando gran parte de la ciudadanía pretendía construir una especie de contrato de enlace distintivo para gays y lesbianas -como fue la propuesta de Unión Civil-, en un barrio periférico y marginal de Córdoba Natalia Gaitán fue asesinada por el padrastro de su novia por no aceptar esa relación; aquel acto de lesbofobia tan crudo e inesperado no fue tapa de diarios en semejante coyuntura nacional, mucho menos conmovió a aquellos que exigían un acuerdo discriminatorio y excluyente para la comunidad LGBTTI.

El 27 de abril de 2011, Carlos Agüero de 17 años, residente de Chepes, un pequeño pueblo de La Rioja, decidió suicidarse por no poder soportar más el maltrato y abuso que recibía de sus compañeros de la escuela, que decidieron ponerle el cartel de “puto” en la frente y martirizarlo hasta que no pudiera más.

Estos casos, son sólo algunos de los pocos que tomaron cierta relevancia mediática, especialmente gracias a organizaciones LGBTTI y medios alternativos de comunicación. Pero dan cuenta de lo lejos que queda el arcoiris. En el caso de Carlos, la actitud tomada por la escuela es un claro ejemplo de las pocas herramientas que manejan los docentes para manejar estos casos de abuso y discriminación por orientación sexual, especialmente cuando existe una ley de Educación Sexual que se aplica a voluntad desde los Ministerios de Educación, como sucede en Tucumán por ejemplo.

Quienes aún padecen quizás la peor parte, son las personas trans e intersex, cuyas identidades son las más patologizadas. La gran mayoría aun no puede acceder a un cambio de registro de identidad de género por lo que viven como personas anónimas e inexistentes. La consecuencia más inmediata es claramente la imposibilidad para acceder a beneficios y servicios sociales, trabajos en blanco y educación. Este sector de la comunidad LGBTTI tiene tres proyectos de Ley de Identidad de Género esperando ser tratadas este año.

Matrimonio: los que ganaron y los que no

 

La Ley de Matrimonio Igualitario, a pesar de que sería un beneficio del que no gozarían todos, fue una lucha totalmente válida y que significó ampliar los derechos ciudadanos a un sector de la comunidad LGBTTI que lo tenía vedado. Pero, ¿a quienes nos referimos cuando decimos que no es para todos? Más allá de quienes no compartan el matrimonio como una institución social, quienes gozarían auténticamente del beneficio de éste serían quienes poseen trabajo, propiedades y beneficios sociales que puedan compartir y quienes a partir del casamiento quieran tener hijos reconocidos legalmente por las dos partes.

Por otro lado, a pesar de que la Ley de Matrimonio contempla el reconocimiento y plenos derechos de los hijos de la pareja, quienes hayan tenido hijos antes de casarse actualmente no se ven contemplados en esta ley, por lo tanto no solo una de las madres o padres no son reconocidos legalmente como tales, sino que tampoco tienen acceso a obra social, licencias familiares, servicios sociales y herencias, entre otras cosas. Al respecto, Florencia Gemetro de Les Madres, quienes trabajan en la elaboración de un proyecto de ley que reconozca estos derechos, declaró en Página/12 “Una vez aprobado (el proyecto) se estarían restituyendo derechos y regularizando la situación legal de cientos de niños, niñas, sus madres y su familia extendida. Y no sólo se reconocería el vínculo entre los hijos y sus madres, sino también entre sus hermanas y hermanos, y con sus tías, tíos, abuelos y abuelas”.

Citando a Judith Butler, podemos decir que en la lucha por el matrimonio igualitario se ha perdido y se ha ganado: “Por un lado, vivir sin normas de reconocimiento da lugar a sufrimientos y privaciones de derecho que confunden las diferencias entre consecuencias físicas, culturales y materiales. Por otro lado, la exigencia de reconocimiento, que es una exigencia política muy poderosa, puede llevar a formas nuevas e injustas de jerarquía social,(...) así como a nueva formas de apoyar y extender el poder del estado, sino instituye un desafío critico a las mismas normas de reconocimiento que proporciona y exige la legitimación del estado”.

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A 10 años de la causa Noble Herrera

A 10 años de la causa Noble Herrera

El 30 de abril se cumplió un nuevo año de la causa que intenta establecer la identidad de Marcela y Felipe Noble Herrera, la asociación Abuelas de Plaza de Mayo realizó una acto en Tribunales para reclamar el avance en la investigación.

Giselle Tepper, de HIJOS Capital, se refirió a las particularidades de esta causa.

Descargar GISELLE TEPPER

Deuda: a falta de espejitos, papelitos de colores

El Banco Central de Argentina tiene una reserva de 52.000 millones de dólares. De ese monto 42.000 millones es deuda.

El licenciado Héctor Luis Giuliano, un estudioso en la materia, nos detalla los datos ocultos y poco conocidos del tema.

Para escuchar la versión completa ir a www.aldorso.com.ar

descargar HECTOR LUIS GIULIANO

Informativo Púlsar 17/05/2011

Peligra la anulación de la Ley de Caducidad en Uruguay. Gobierno de Ecuador apelará absolución de acusados de tentativa de magnicidio. Gobierno de Guatemala declara 30 días de estado de sitio en Petén. Analizan penalizar al Parlamento en Uruguay.

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Ahora vienen por el uranio: Se preparan para explotar en Santa Cruz y Chubut

Tal como lo hemos adelantado en notas anteriores, la minería tiene ahora finalizados las tareas exploratorias sobre yacimientos de uranio en la zona central de Chubut y Santa Cruz. Debido a la sensibilidad que despierta en la población este tipo de explotación, las empresas han emprendido una suerte de tarea de comunicación acotada, con la cual intentan suavizar el impacto en la región, de un anuncio extraordinariamente importante desde los económico (para ellos), pero ambientalmente negativo para las poblaciones afectadas. Por Agencia OPI Santa Cruz

El día 3 de marzo bajo el título “Ahora vienen por el Uranio. Chubut y Santa Cruz blanco elegido por sus riquísimos yacimientos reseñamos una serie de maniobras realizadas por la empresa Pan American Silver para explotar uranio en la meseta central de Chubut.

Ahora, una comunicación difundida por la agencia minera AIMSA, no solo corrobora lo anterior, sino que extiende la existencia de este proyecto a la provincia de Santa Cruz, para lo cual plantean un espectacular negocio empresario calificando de “yacimientos fascinantes” a los depósitos naturales de uranio en Santa Cruz y la zona de Gastre en Chubut.

En este sentido expresa que la firma «Pacific Bay Minerals», cuya subsidiaria en Argentina es la empresa mendocina «Bahía Atlántica SA», anunció el descubrimiento de importantes valores de uranio relevados recientemente en el área “Regalo N” (NdR: nombre sugestivo y concordante), exploración que hace en cercanías de Cerro Solo en Chubut, junto a la CENEA.

El bloque de propiedades que explora Bahía Atlántica se encuentra en la región norte de la Meseta Central del Chubut, en el Departamento Gastre, unos 50 kilómetros al noroeste de Cerro Solo, y comprende un total de 10.550 hectáreas divididas en tres áreas, indica la información.

Pacific Bay compartía el proyecto “Regalo N” con Aquiline, anterior titular del proyecto argentífero de “Navidad”, que posteriormente fue adquirido por Panamerican Silver, que lo explora actualmente a través de su subsidiaria Minera Argenta.

Actualmente, Pacific Bay - señala AIMSA - es la única titular del proyecto uranífero. Su CEO, David Brett, informó a los inversores sobre los alentadores resultados obtenidos, que reportaron presencia de uranio que varían entre 0,002 y 0,14% U (1.382 ppm o 2,8 libras por tonelada) en las muestras de roca tomadas en un área de un kilómetro cuadrado. Con estos resultados -calificados de “descubrimiento fascinante” por Brett- la compañía prevé continuar con la inversión en exploración en toda el área.

El proceso

Tanto para Chubut como para Santa Cruz hay en curso una planificación para la explotación intensiva de uranio, tema altamente sensible para las poblaciones vecinas, entre ellas la ciudad de Las Heras, donde se movilizaron opiniones en su momento cuando se supo, a través de nuestra Agencia, que había empresas trabajando en cateo y exploración de uranio, en la zona de Laguna Sirven, un yacimiento considerado de fácil acceso por la superficialidad donde se encuentra el material.

En aquel momento, a pesar de los esfuerzos realizados por las empresas mineras y autoridades de la CENEA, no pudieron realizar una tarea de convencimiento público, sobre las bondades que traerá la explotación del uranio en la zona. Sin embargo, la tarea continúa y en este sentido, como en todos los casos de explotación minera, el silencio y la reserva es crucial para las empresas hasta que la rentabilidad de los yacimientos está asegurada, luego viene la tarea de difundir y convencer a la ciudadanía de los progresos y beneficios que les traerá, obviamente que ocultado el impacto negativo que dejará, la baja rentabilidad que sobre la extracción tiene la provincia, facilitado todo por la falta de control que existe desde el Estado sobre las empresas internacionales que explotan intensivamente en Santa Cruz desde los últimos cinco años.

Agencia OPI Santa Cruz

La vida después del acampe

El lunes en la reunión que mantuvieron autoridades nacionales y del Gobierno de Formosa con la Comunidad Qom “La Primavera”, se resolvió que los indígenas elijan a sus representantes, que se apliquen las leyes que prohíben el arrendamiento de tierras comunitarias y que se solucione la situación territorial con el Parque Nacional Río Pilcomayo.



Felix Díaz, cacique de la comunidad, explicó la importancia del apoyo social para mantener vigente el reclamo.



Descargar FELIX DIAZ

CONVOCATORIA

Convocamos a tod@s a participar de este espacio estudiantil.

Vení, traé tus inquietudes, dudas, ideas, armemos entre tod@s los estudiantes una verdadera alternativa estudiantil en la UNTREF.

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Lo que Santa Cruz muestra de la nueva militancia: La curvatura del “relato”

Daniel Cadabón (especial para ARGENPRESS.info)

Tres, son los frentes que explota el oficialismo kirchnerista a favor de su justificación histórica como movimiento nacional y popular.

El primero, pasa ahora por la cooptación de una militancia juvenil considerándola como subproducto de las políticas de estado y del fallecimiento de Néstor Kirchner, “una garantía del nunca menos”.

El segundo, es el frente intelectual-periodístico y derechohumanista, al que se han ido afiliando intelectuales y progres históricos que forman parte del plantel estable de las camarillas sostenedoras del régimen, sobre todo a partir del debate sobre la Ley de medios y de nuevo, del fallecimiento de Néstor Kirchner. Con lo que el oficialismo ha logrado incrementar su base social entre los sectores medios, aunque como siempre sucede con la pequeña burguesía, con un alto grado de volatilidad que dependerán de cuestiones más prosaicas e interesadas que puramente ideológicas.

El tercer frente, “columna vertebral” del oficialismo, es el conformado por la burocracia sindical de las dos centrales obreras, que pese a declarar su amor incondicional por las políticas oficialistas, se presenta siempre como un potencial frente de crisis.

La reciente alianza entre el oficialismo con los sectores medios, dista mucho de haber cristalizado una férrea y convencida “nueva militancia”, y esto porque se concibe a partir de una relativa actuación política “a demanda” en el relato presidencial. Y por sobre todo, de la cooptación económica de un sector de arribistas que se disputan cargos en el estado.

No hay militancia real, ni podría haberla en una sociedad dividida en clases y sustentada en la explotación del trabajo ajeno, entre aquellos que defienden las estructuras del poder político del régimen. La militancia, es por definición una práctica reñida con el poder, algo que se le opone y que lo cuestiona críticamente. La “militancia integrada al estado” burgués, por más nacionalista que se pinte, no es más que una fuerza de choque reaccionaria en contra de que el desenlace de la lucha de clases se haga a favor de los explotados.

Puede que el relato presidencial despierte en el imaginario de las clases medias el revivir de un progresismo desarrollista que le permite la adquisición de plasmas a 70 cuotas financiadas con la plata del Anses, pero esto, no separa ideológicamente, al intelectual oficialista de hoy, del prejuicio de aquel pequeño almacenero que lee la situación política, asumiendo su humor y su filosofía de vida de acuerdo a lo que le informe la caja en el recuento nocturno.

Las delicias que despierta el “relato presidencial” en todo un sector estable de profesionales de la política y el sindicalismo burocrático no es otra cosa que el sabor que despierta un oportunismo basado en el sostenimiento sin principios del oficialismo gobernante, la delicia que se encuentra al lado del poder es volátil y acomodaticia; este plantel fue estable en otras épocas y con otras banderas. Como siempre declaran “acompañar en lo bueno y criticar en lo malo”, lo que de por si es una confesión de su impotencia para pararse sobre dos pies y una explotación sin escrúpulos de un prejuicio social interesado en buscar respuestas reformistas desde un poder ejecutivo “más justo”, sin importarles que esto los obligue a condenar cualquier manifestación independiente de las clases trabajadoras en cuanto a su organización política y sindical y hasta llegar a justificar la represión y el asesinato.

El progresismo argentino se ha caracterizado como cualquier vulgar burócrata estatal, por el permanente pedido de paciencia a los trabajadores a la espera de que la lucha contra la derecha fortalezca las posiciones populares y en ese momento en el que ya no serán necesarias ni tomas de la Bastilla ni asaltos al Palacio de Invierno, el gobierno nac&pop hará realidad las demandas populares.

Sin embargo hoy, cuando la derecha aparece virtualmente desarmada y el nacionalismo que representa “la compañera presidenta” Cristina Fernández está en la cresta de un ola de una adhesión popular sin antecedentes desde el 2003; no sólo que las transformaciones no se producen, sino que el “relato” ha tomado una curvatura conservadora, que no hace más que condenar la conflictividad social, es decir la lucha de los trabajadores.

Para imaginario social, que como todo imaginario siempre falsea la realidad, la democracia es un régimen equidistante de las clases sociales que arbitra los conflictos en la búsqueda de una solución ecuánime. Sin embargo el carácter propatronal del oficialismo brota por todos los poros. Ante el aplauso de los principales capitostes de la industria y de los bancos la presidenta ha declarado que los conflictos sociales deben terminarse, por que ponen en juego el desarrollo del modelo al hacerle perder a la economía del país (léase petroleras) un 1.3% de lo que deberían haber ganado en el último mes. A confesión de partes relevo de pruebas dicen los abogados como Héctor Recalde de la CGT, el discurso presidencial en lugar de equidistante es un apuntalamiento de las ganancias capitalistas; pero no sólo eso, en un mismo ademán la presidenta archivo cualquier ley que sirva al reparto de las ganancias y pidió que en todo caso se acuerde una futura repartija en función de las necesidades de las empresas, es decir, nada de reparto de ganancias porque “estas perjudican al modelo” declaró entre los exultantes De Mendiguren y Eskenazy y diversos representantes de Techint, el holding de Paolo Rocca, y Telecom, de los Werthein.

Esta vez las “corpos” mediáticas de la derecha embellecieron las palabras presidenciales, al afirmar que van dirigidas al moyanismo y al resto de burócratas sindicales que gozan de un impresionante desprestigio social y que pasaron de ser “columna vertebral” del oficialismo a una banda de piantavotos. Pero, en este nivel de análisis está de más sobra esa mezcla de ingenuidad y de mala fe de probados analistas del régimen. Lo de la presidenta es una postura estratégica.

Lo que la presidenta viene haciendo últimamente es alertar, amenaza mediante, sobre la creciente conflictividad social,

Cristina no es ajena a que la huelga docente en su provincia (paro por tiempo indeterminado) se profundiza y que las provocaciones del kirchnerista Daniel Peralta, primero mandando a una patota a golpear sin consideración a maestras y profesores y ahora canchereando con el “que le pidan el aumento a Magnetto”, no hacen más que radicalizar su lucha con cortes frentes a las plantas petroleras ajustándose al modelo de lucha sindical triunfante de los petroleros que lograron expulsar a la burocracia vendida de los Segovia y cia.

El “relato” presidencial no es antiburocrático; al contrario es una apelación a que la burocracia cumpla con su función histórica de limitar (eliminar) cualquier expresión independiente de los trabajadores.

La movilización popular que desató asesinato de Mariano Ferreyra; la caída en desgracia de los Segovias santacruceños en manos de las asambleas de bases; la raquítica participación de trabajadores en el acto moyanista del 29 de abril en la 9 de Julio; las nuevas comisiones internas en fabricas y talleres que vienen dándole batalla a las internas burocráticas y en muchos casos desalojándolas de la conducción; los conflictos que desconocen la legalidad trucha del ministerio de trabajo y que se profundizan frente a cada dictado de conciliación obligatoria; las causas penales que persiguen a los dirigentes sindicales, encuentran a una burocracia apichonada y a la defensiva. El “relato” presidencial más que un reto es una orden de disciplinamiento. Está en juego el modelo!! Y con el modelo no se juega.

Los que parecen haber entendido claramente esto , y antes que nadie, son, como siempre, los intelectuales y los jóvenes militantes de “la cámpora” que salieron rápidamente a desalojar al campamento Qon de la 9 de julio y lanzar una campaña macartista contra los docentes de Santa Cruz.

La nueva “juventud maravillosa” que trabajó con la gendarmería en el desalojo de los pueblos originarios, ahora recurre al ministerio de educación santacruceño para la elaboración de una operación de inteligencia en contra de los docentes en lucha de la provincia. Tratando de desprestigiar a los líderes de la protesta publicando recibos de sueldo truchos que intentan demostrar que ganan como burgueses y se comportan como “revolucionarios”. Cuando una organización que se dice popular recurre a este tipo de operaciones policiales entra en un marcado estado de descomposición. La camporita del millonario Maxi Kirchner, Larroque y compañía tiene estatura moral para discutir con docentes hambreados mientras ellos cobran sueldos estatales de 30 mil pesos mensuales más viáticos.

Lo dicho, en Santa Cruz y entre los originarios Qom queda demostrad que la militancia como subproducto del estado lleva incorporada en ella todos los gérmenes represivos del estado mismo.

El kirchnerismo se jacta de que los jóvenes vuelven a la política y que esto es un asunto que se debe agradecer al gobierno popular.

Ya se vio el accionar de esta juventud estatal formada en la juventud sindical, la formación de patotas que golpean y asesinan y entre los más progresistas de “la cámpora” como desalojan y montan operaciones de inteligencia policiales frente a los trabajadores que salen a la lucha.

Queda por ver porque nuestros intelectuales llaman a esto militancia.

El Gobierno de Tigre toma posesión de Punta Querandí con carácter preventivo

Lo resolvió el Concejo Deliberante el 10 de mayo, tras un despacho de la Comisión Especial Punta Canal. En los fundamentos se citan diversas normas que reconocen los derechos indígenas y la reciente medida cautelar por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que solicita al Estado Nacional resguardar un sitio sagrado del pueblo mapuche en Neuquén. De este modo, el acceso a Punta Querandí por parte de indígenas, pescadores y familias ya no significará exponerse a una denuncia por "intrusión a la propiedad privada" proviniente del barrio privado San Benito, como se intensificó en las últimas semanas. Por Indymedia Pueblos Originarios

Integrantes de pueblos originarios venían reclamándole al intendente Sergio Massa que declare público el predio con restos arqueológicos milenarios, ubicado en la localidad de Dique Luján y en disputa con el empresario inmobiliario Jorge O’Reilly, de la desarrolladora de countries EIDICO ligada al Opus Dei. Y ayer se dio un importante paso, al aprobarse una resolución en el Concejo Deliberante con el respaldo de todos los bloques políticos. Es difícil pensar que el Gobierno local vuelva atrás, si bien no es definitiva la declaración de posesión municipal del lugar -reivindicado como sagrado por el Movimiento en Defensa de la Pacha-, ya que el ejecutivo le pedirá informes sobre la valoración arqueológica y cultural de los hallazgos ubicados en el predio a dos organismos: el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas.

No obstante esto, tras analizar las diversas normas que reconocen derechos a los pueblos indígenas y la jurisprudencia local e internacional, la resolución votada con unanimidad resolvió tomar en carácter preventivo posesión municipal de las tierras en conflicto, en el marco de la Ordenanza 462/64, que faculta al Gobierno a tomar terrenos abandonados, y la Ordenanza 2987/08, que habilita a declarar inmuebles de "Interés Municipal por su valor local tradicional".

En los fundamentos de la resolución se mencionan las distintas pruebas presentadas por el Movimiento en Defensa de la Pacha, por un lado, y por el otro, la empresa EIDICO y los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL) contratados por ésta, Daniel Loponte y Alejandro Acosta. Y concluye que no se está ante un reclamo territorial sino a uno de "carácter cultural, con diferentes elementos y opiniones sin conclusiones científicas definitivas sobre la valoración" de los hallazgos arqueológicos en el lugar.

Si bien afirma que el MDP no ha acreditado "debidamente su legitimación activa para reclamar en relación al planteo arqueológico", resalta que en las últimas décadas hubo grandes avances sobre los derechos de los pueblos indígenas a nivel internacional y local. Menciona el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Ley Nacional N° 25517 sobre restos mortales de aborígenes y el Decreto Nacional N° 701 firmado por la presidenta Cristina Kirchner en el marco del Bicentenario.

"A nivel internacional la jurisprudencia marca una tendencia clara de respeto y reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas", destaca los fundamentos de la resolución, y ejemplifica con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni (Nicaragua).

En el orden local y en relación a la protección de sitios sagrados para Pueblos Indígenas, destaca que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por medio de una medida cautelar solicitó al Estado Argentino que adopte las medidas necesarias para preservar el Rewe de la comunidad Lof Paichil Antriao, en un territorio en litigio en Villa La Angotura, Neuquén.

Por último, destaca que en concordancia con la protección de los derechos culturales, la Corte Interamericana también determinó que la cultura de los miembros de las comunidades indígenas corresponde a una forma de vida particular de ser, ver y actuar en el mundo, constituido a partir de su estrecha relación con sus tierras tradicionales y recursos naturales, no sólo por ser éstos su principal medio de subsistencia, sino además porque constituyen un elemento integrante de su cosmovisión, religiosidad y, por ende, de su identidad cultural.

El Concejo Deliberante llegó a esta decisión luego de analizar un nutrido expediente que se fue recopilando desde que se abrió la Comisión Especial Punta Canal, en noviembre de 2010. Lo curioso es que el puntapié inicial no lo dio el Movimiento en Defensa de la Pacha, ahora beneficiado por la resolución, sino un grupo de personas movilizadas por EIDICO que se presentaron como "vecinos de Punta Canal" y pidieron que la protesta pacífica fuera desalojada. Otra jugada perdida de esta empresa. Y un importante paso adelante para quienes defienden Punta Querandí con un campamento montado desde febrero de 2010, hace ya casi 15 meses.

Por lo pronto, en los próximas días el Gobierno pondrá un cartel de posesión municipal en Punta Querandí. Los integrantes del Movimiento en Defensa de la Pacha y los pobladores en general seguirán garantizando la presencia en el lugar, además de continuar las actividades con instituciones educativas y las jornadas culturales en el predio. Pero con una significativa diferencia: el acceso a Punta Querandí por parte de indígenas, pescadores y familias ya no significará exponerse a una denuncia por "intrusión a la propiedad privada" proviniente del barrio privado San Benito, como se intensificó en las últimas semanas.

Qué se aprobó

El Artículo 1 de la resolución solicita al Departamento Ejecutivo la suspensión de permisos de planos de obra y de mensura en la zona del sitio de la ex parada ferroviaria Punta Canal, hasta tanto exista informe técnico definitivo emitido por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (ADIF).

En tanto, el Artículo 2 requiere la intervención del INAI y del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires a efectos de que se expida respecto de la valoración arqueológica o cultural de los hallazgos y del sitio objeto del presente, a fin de establecer si corresponden restricciones en relación a dicho espacio.

Es interesante que habla de valoración cultural y no sólo arqueológica, como para evitar que la discusión sea meramente técnica, alejada de la valoración que le dan los pueblos originarios y la sociedad local a los restos arqueológicos milenarios. De hecho, la consulta sobre esta valoración no es a los organismos arqueológicos sino a los espacios gubernamentales indigenistas.

El Artículo 2 también requiere que estos organismos indiquen si el colectivo peticionante denominado "Movimiento en Defensa de la Pacha", tiene algún reconocimiento en el ámbito de las incumbencias.

Esto último despertó dudas en algunos concejales, pero finalmente se apoyó para que saliera la resolución. La duda se debía a que se consideraba que el Movimiento en Defensa de la Pacha ya cuenta con un reconocimiento real, sin ir más lejos por el Concejo Deliberante de Tigre. Desde el oficialismo de Tigre dijeron que la consulta es amplia y no se refiere a si la organización cuenta con un reconocimiento jurídico.

El Artículo 3 pide a la ADIF que remita los informes de los distintos organismos involucrados. Mientras que el Artículo 4 solicita al Ejecutivo la realización de un informe técnico que establezca las restricciones municipales en carácter de espacios públicos dentro del sitio en cuestión. Finalmente, el Artículo 5 autoriza al Ejecutivo a declarar la posesión municipal con carácter preventivo en la zona del sitio del ex apeadero ferroviario Punta Canal de la localidad de Dique Luján.

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A continuación la resolución completa.

Tigre, 29 de abril de 2011

Visto,

El expediente N° 191/2010 y el Decreto H.C.D. N° 67/10, modificado por el Decreto H.C.D. N° 72/10, de creación de la Comisión Especial Punta Canal y designando sus integrantes, y

Considerando,

Que a fs. 1 luce un manifiesto de vecinos de Punta Canal, Tigre y Maschwitz titulado “No hay sitio arqueológico en Punta Canal”;

Que a fs. 2 luce el Decreto de Presidencia de H.C.D. N° 67/10;

Que a fs. 3/17 luce el reclamo de integrantes del Movimiento en Defensa de la Pacha;

Que a fs. 18/20 luce un informe de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (ADIF);

Que a fs. 21/26 surgen las notificaciones a convocatoria a reunión informativa de fecha 4 de noviembre de 2010;

Que a fs. 27 luce la modificación del Decreto H.C.D. N° 67/10 por Decreto H.C.D. N° 72/10 de fecha 9 de noviembre de 2010;

Que a fs. 28 surge la notificación al concejal Fabris;

Que a fs. 29/30 luce un petitorio en defensa del patrimonio milenario de los humedales de Tigre y de sus pobladores;

Que a fs. 31 luce un manifiesto de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz;

Que a fs. 32/33 surgen las notificaciones a la reunión de fecha 16 de noviembre de 2010 a Alberto Aguirre y Pedro Moreira;

Que a fs. 35/41 luce el informe de rescate del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, realizado por los Dres. Loponte y Acosta de diciembre de 2008;

Que a fs. 42 luce la nota del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires que aprueba el informe agregado a fs. 35/41;

Que a fs. 43/50 luce resolución del Defensor del Pueblo de la Nación;

Que a fs. 51/58 surge texto de la norma de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico Ley Nacional N° 25.742;

Que a fs. 59/88 luce copia simple de los siguientes instrumentos: boleto de compra-venta de Muquebari S.A. y ONABE de fecha 25 de abril de 2007, escritura de cesión de derechos de Muquebari SA a Codico SA del 6 de julio de 2007 y toma de razón por parte de ONABE de la cesión de fecha 13 de julio de 2008; boleto de compra-venta de Chilespa SA y ONABE de fecha 25 de abril de 2007, escritura de cesión de derechos de Chilespa SA a Desarrolladora de San Benito SA del 6 de julio de 2007 y toma de razón por parte de ONABE de la cesión mencionada;

Que a fs. 89/95 lucen copias simples de las resoluciones judiciales dictadas en autos “Arrambide, Carlos José c/ Eidico SA y otros s/ Pretensión de reconocimiento de derechos”;

Que a fs. 96/98 luce copia simple del informe del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano suscripto por la Dra. Diana Rolandi, dependiente de la Secretaría de Cultura y Comunicación de la Nación, de fecha 21 de febrero de 2001;

Que a fs. 106/107 luce copia simple de un informe de la Prof. Lic. Claudia M. Aranda, Jefa del Área de Antropología Biológica del Museo Etnográfico J.B. Ambrosetti, sobre un fragmento óseo que habría sido recuperado en las inmediaciones del sitio Punta Canal, fecha el 21 de abril de 2010, con fotografías y sin determinarse otras conclusiones;

Que a fs. 108/112 luce copia de un informe de la ADIF dirigido a la Biblioteca Popular y Museo Indoamericano “Inti-Huasi” de la ciudad y partido de San Miguel, de fecha 23 de septiembre de 2010;

Que a fs. 113 luce un modelo de nota del Movimiento en Defensa de la Pacha dirigida a los propietarios del barrio San Benito;

Que a fs. 114/115 surgen las notificaciones al Director de Aplicación del Código de Zonificación y al Director de Catastro de la Municipalidad de Tigre;

Que a fs. 116/127 luce informe de la Dirección de Catastro de la Municipalidad de Tigre;

Que a fs. 128/135 luce nota periodística del diario zonal “Primera Sección” a la dirigente del Concejo Indígena Provincial desautorizando el reclamo de “Punta Querandí”;

Que a fs. 136 luce una nota del Movimiento en Defensa de la Pacha acompañando nuevas copias;

Que a fs. 137/142 se encuentra un acta de constatación ante notaria María Bolo Bolaño en la que participa un Licenciado en Arqueología Gabriel Eduardo Acuña;

Que a fs. 143/153 luce copia de una revista escolar “Recreo de los chicos” de la EPB N° 16 de Dique Luján;

Que a fs. 154 surge la notificación a la convocatoria de reunión para el día 14/12/2010 a José Villafañe, titular de la ADIF;

Que a fs. 155 surge la notificación a la convocatoria de reunión para el día 14/12/2010 a Daniel Loponte;

Que con los dichos antecedentes, esta Comisión Especial ha realizado un pormenorizado análisis de los mismos;

Que la primera conclusión fáctica consiste en advertir sobre la diversidad de actores intervinientes, con más los intereses en pugna de diferente rango legal, que tornan la situación en altamente compleja y que muchos de los temas a resolver planteados en el presente expediente se encuentran fuera de la competencia establecida por la ley para un Municipio;

Que la segunda línea de análisis consiste, a todo evento, en hacer notar que los peticionantes no han acreditado debidamente su legitimación activa para reclamar en relación al planteo arqueológico, dejando constancia que no se trata de un tema de “tierras” sino “cultural”, con diferentes elementos y opiniones sin conclusiones científicas definitivas sobre la valoración de tales hallazgos;

Que sin perjuicio de ello y analizando que el marco legal de los derechos indígenas se encuentra sustentado en la Constitución Nacional, Tratados Internacionales de DD.HH. con jerarquía constitucional, convenios ratificados por nuestro país, leyes nacionales, provinciales y decretos, es dable destacar que en las últimas décadas hubo grandes avances sobre los derechos de los pueblos indígenas a nivel internacional y local;

Que a partir de la reforma en 1994 de la Constitución los derechos de los Pueblos Indígenas se encuentran amparados en el artículo 75 inc. 17 que reza: “...Corresponde al Congreso reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”;

Que, asimismo, uno de los instrumentos internacionales más importantes de reconocimiento de los derechos indígenas es el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que tiene jerarquía supralegal. Dicho convenio constituye un valioso marco de proyección junto a los demás Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (C.N. art. 75 inc. 22) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas promulgada en el año 2007;

Que la Ley Nacional N° 25517 establece que deberán ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o comunidades de pertenencia que lo reclamen, los restos mortales de aborígenes, que formen parte de museos y/o colecciones públicas o privadas;

Que el Decreto P.E.N. N° 701/2010 establece que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas es el encargado de coordinar, articular y asistir al seguimiento y estudio del cumplimiento de las directivas y acciones dispuestas en la Ley N° 25517;

Que a nivel internacional la jurisprudencia marca una tendencia clara de respeto y reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas, como el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua” del 31 de agosto de 2001, en el que se demanda al Estado de Nicaragua a causa de la falta de demarcación de tierras solicitadas;

Que en el orden local y en relación a la protección de sitios sagrados para Pueblos Indígenas, recientemente la Comisión Interamericana de DD.HH. por medio de una medida cautelar “MC 269/08 Miembros de la Comunidad Lof Paichil Antriao del Pueblo Indígena Mapuche” dictada el día 6 de abril de 2011, solicitó al Estado Argentino que adopte las medidas necesarias para garantizar que la medida judicial de no innovar que actualmente protege al Rewe ubicado en el predio objeto del litigio que no sea levantada hasta que la CIDDHH decida sobre los méritos de la petición 962-08, actualmente en estudio. En ese aspecto, la Comisión también solicitó al Estado que adopte medidas para que dicha resolución sea efectivamente cumplida, de manera tal que se preserve este lugar sagrado;

Que en concordancia con la protección de los derechos culturales, la Corte Interamericana de DDHH también determinó que la cultura de los miembros de las comunidades indígenas corresponde a una forma de vida particular de ser, ver y actuar en el mundo, constituido a partir de su estrecha relación con sus tierras tradicionales y recursos naturales, no sólo por ser éstos su principal medio de subsistencia, sino además porque constituyen un elemento integrante de su cosmovisión, religiosidad y, por ende, de su identidad cultural. (cfr. CIDDHH Caso Comunidad Indígena Yekye Axa vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 17 de junio de 2005. Serie C. N° 125, párr. 135; y CIDDHH Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 29 de marzo de 2006. Serie C N°. 146, párr. 118);

Que a mérito del plexo normativo citado y analizada la jurisprudencia local e internacional, esta Comisión Especial aconseja aprobar el siguiente proyecto de Resolución.

Artículo 1.- Este H.C.D solicita al Departamento Ejecutivo, a través de las oficinas municipales correspondientes, la suspensión de visado de planos de obra y de mensura en la zona del sitio del ex apeadero ferroviario Punta Canal de la localidad de Dique Luján, hasta tanto exista informe técnico definitivo emitido por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (ADIF).

Artículo 2.- Requerir la intervención del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires a efectos de que se expida respecto de la valoración arqueológica o cultural de los hallazgos y del sitio objeto del presente, a fin de establecer si corresponden restricciones en relación a dicho espacio.

Requerir asimismo que los organismos mencionados “ut supra” indiquen si el coletivo peticionante denominado “Movimiento en Defensa de la Pacha”, tiene algún reconocimiento en el ámbito de las incumbencias.

Artículo 3.- Requerir a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (ADIF) se cumpla con remitir los informes de los distintos organismos involucrados, conforme surge de fs. 108/112 del presente expediente H.C.D. N° 191/10.

Artículo 4.- Solicitar al Departamento Ejecutivo, a través de las oficinas correspondientes, la realización de un informe técnico que establezca las restricciones municipales en carácter de espacios públicos dentro del sitio objeto de presente expediente H.C.D. N° 191/10, en consideración de los artículos precedentes.

Artículo 5.- Autorizar al Departamento Ejecutivo, a través de las oficinas correspondientes, a declarar la posesión municipal en el marco de la Ordenanza N° 472/64 y Ordenanza N° 2987/08, con carácter preventivo, en la zona del sitio del ex apeadero ferroviario Punta Canal de la localidad de Dique Luján.

Artículo 6.- Comuníquese al D.E.

Darío Aranda: “No importa el capital quien lo tiene, sino que se hace con esa tierra”

El periodista de pagina 12 analizó el actual proyecto de Ley sobre la extranjerización de la tierra en la Argentina, en el marco del fallo del tribunal de justicia de Córdoba a favor de una comunidad de campesinos que habían sido condenados como usurpadores del territorio donde habían estado viviendo.

Sobre la actual iniciativa oficial para limitar la extranjerización de la propiedad de la tierra, Darío Aranda reconoció la importancia de discutir el tema y relevamiento que se hará de las tierras. Sin embargo señalo que es mas importante el uso que se hace de esa tierra, que en manos de quien está.

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