Emilio Marín (LA ARENA)
En realidad no se trata sólo del jefe del sindicato de Camioneros y de la CGT. Es un problema más general, porque algunas de las medidas de fuerza que más molestaron al gobierno -por caso de los petroleros y los docentes de Santa Cruz- no fueron motorizadas desde Azopardo 802. Los primeros tienen un dirigente nacional enrolado en la CGT de Luis Barrionuevo, o sea duhaldista y vinculado con Francisco de Narváez.
Los medios monopólicos vieron la oportunidad para meter más cizaña entre Cristina Fernández y el líder cegetista, con lo que simplificaban el problema en una sola dirección.
Más allá de esa unilateralidad de Clarín y "La Nación", hubo amargas quejas de la oradora hacia quienes dicen apoyarla para la reelección pero luego la desacatan al promover, según ese enfoque, una mayor conflictividad laboral.
La presidenta está con los tacos de punta contra esa tendencia. El 2 de mayo recibió a Moyano y una treintena de miembros del Consejo Directivo cegetista y les urgió a moderar sus reclamos en el número y forma de los paros. Lo volvió a repetir en tele-conferencia, el día que Julio De Vido y Sebastián Ezkenazi presentaron el descubrimiento de un mega-yacimiento en Neuquén. Y dio la estocada final en su discurso en Marcos C. Paz, donde dejó planteada la posibilidad de no competir por la reelección en 2011. "Yo no estoy muerta por volver a ser presidenta, muchachos; ya di todo lo que tenía que dar, a mí no me van a correr", dijo en esa ocasión. Moyano, resfriado, la miraba por TV.
Desde el punto de vista gremial, poco puede imputarle el gobierno al camionero, pues firmó una paritaria por el 24 por ciento de aumento, índice más que moderado. Los ministros y empresarios de la UIA están agradecidos por ese techo puesto a demandas de otros sindicatos.
El problema es político: Moyano espantaría a la clase media y CFK necesita ese voto no sólo en Capital Federal sino en todo el país. Sería la manera de superar el 40 por ciento y ganar en primera vuelta. En ese marco, que el sindicalista diga que quiere a uno de los suyos en el poder en un futuro cercano, que aliente a Héctor Recalde con el proyecto de distribuir 10 por ciento de las ganancias empresarias, que quiera meter al vice de Daniel Scioli y diputados suyos en las listas del FPV-PJ, etc, eso cae muy mal en Balcarce 50.
Las pretensiones políticas del camionero irían más acordes a otro partido. En el peronismo no hay mandos compartidos. Hay un solo jefe, o jefa. El debería saberlo, ya que actúa del mismo modo de "ordeno y mando" en la CGT.
Error presidencial
El enojo de la presidenta parte de un error: supone que hay una intencionalidad y un manejo político en los conflictos. Sin que se pueda asegurar la ausencia total de ese fenómeno, la amplia mayoría de las medidas en fábricas, oficinas y escuelas tienen razones válidas. O el salario no alcanza porque los básicos están rezagados o, siendo más altos, son mordidos por el impuesto a las ganancias, o hay insalubridad o tercerizaciones o negritud, incluso en el Estado.
Los motivos de gran parte de los paros son válidos y no se debería ver allí una conspiración contra el gobierno. Menos aún en Moyano, que hasta ahora ha jugado lealmente del lado presidencial., ni en la CTA de Hugo Yasky, que se considera afortunado con lo logrado y busca ir por más. ¿Acaso no es el propio oficialismo el que alienta desde la pantalla de canal 7 y 678, "Nunca menos"?
Hay que puntualizar que en el primer trimestre del año hubo menos paros de trabajadores que en los últimos años. La investigación de Josefina Ichaso, para Nueva Mayoría, arrojó que en ese lapso hubo 70 conflictos, la menor cantidad registrada desde 2004.
Recién en abril hubo un alza de los conflictos, 64, la marca más elevada de los últimos doce meses. La remontada tuvo que ver con 24 paros de petroleros, que aportaron un 39 por ciento de esa conflictividad.
Esos trabajadores tienen salarios comparativamente elevados y pedían una recomposición anual del 40 por ciento. ¿Pero qué decir de las patronales petroleras, multinacionales, con ganancias multimillonarias? El comentado descubrimiento de petróleo en Vaca Muerta, Neuquén, engrosará sobre todo el patrimonio de los españoles de Repsol y de su aliado local Ezkenazi, no el de "todos los argentinos", como expresó CFK.
¿Se puede en ese caso condenar la huelga petrolera como la presidenta lo hizo en febrero con los portuarios de Rosario que querían un sueldo de 5.000 pesos? ¿Se puede criticar a esos gremios diciendo que todavía hay argentinos sin empleo? No parece justo, porque esa asignatura pendiente es del gobierno y los empresarios. No es culpa de los petroleros ni de los portuarios ni de ningún otro oficio. Penalizarlos porque reclaman más ingresos supone que cabría igualar hacia abajo, algo incongruente con el planteo de "movilidad social ascendente" tan grato a los oídos kirchneristas.
Hablando de empresarios, en los últimos discursos presidenciales hubo algunos reproches hacia ese sector. El gobierno aclaró que no es neutral ni admite la explotación. Pero fueron críticas muy tibias, matizadas con concesiones como la definición cristinista de que una cláusula de convenio es preferible antes que la ley Recalde de distribución de ganancias. De los dos demonios (explotación y extorsión), el más peligroso sería el que habita las cavernas sindicales. El demonio real, UIA y multinacionales, feliz de que el PEN siente a otro en el banquillo de acusados.
Materia bien aprobada
A contramano de esa performance mediocre en materia económica-social, el gobierno sigue acumulando méritos en derechos humanos. Es una materia donde cosecha altos puntajes, aunque no todos los méritos son suyos sino primordialmente de los organismos de derechos humanos y una amplia franja de la sociedad, incluyendo una parte sensible de la justicia.
Como sea, en estos días se están escuchando fuertes alegatos en las causas El Vesubio, Esma y Plan sistemático de Robos de Bebés, que son las más resonantes pero no las únicas porque hay otras ventilándose en el interior.
La detención de tres ex aviadores en los vuelos de la muerte, más otro ex mecánico y un civil actuante en la Esma bajo el rótulo de "Teniente Vaca", fueron una novedad impactante. Quedaría así esclarecido el episodio del vuelo donde fueron arrojadas al mar y asesinadas las dos monjas francesas, tres madres fundadoras y siete militantes populares (cinco de ellos de Vanguardia Comunista, actual PL).
Con esas detenciones se está acumulando material para una causa Esma II. Será luego que el Tribunal Oral 5 termine de escuchar los alegatos de las querellas y las defensas y se pronuncie sobre las condenas que recibirán Alfredo Astiz, Jorge Tigre Acosta, Miguel Cavallo y otros marinos actuantes en el mayor campo de tortura y exterminio que funcionó durante la dictadura militar-cívica.
Justamente la falta de personajes del empresariado, la política y los pulpos de la comunicación entre los que rindan cuentas de sus complicidades con el terrorismo de Estado puede marcarse con un déficit. Estos procesos judiciales son básicamente para enjuiciar uniformados, todos en retiro.
Ojalá que pronto se pueda asistir a audiencias públicas contra ex funcionarios judiciales como los mendocinos Miret y Romano, los directivos de automotrices que hicieron desaparecer delegados en Mercedes Benz y Ford, los apropiadores de Papel Prensa, etc.
Uno que tendrá que comparecer, aunque sólo como testigo, por ahora, es el cardenal Jorge Bergoglio. Ha sido convocado a pedido de un fiscal y un letrado de Abuelas de Plaza de Mayo, en el tema del robo de bebés. El obispo se lavó olímpicamente las manos de ese asunto cuando en la causa Esma obligó a que el tribunal fuera a su residencia. Ahora habría pruebas de que sabía sobre esos robos y se ha pedido que comparezca en Comodoro Py 2002, con todo el revuelo periodístico que el ex amigo del almirante Massera no quería provocar.
Otra causa que a pesar de sus notables retrasos tendrá que llegar algún día a juicio es el de la propietaria de Clarín, referido a la identidad de sus hijos irregularmente adoptados.
Una cámara ha citado para el 26 de mayo a una audiencia donde las dos partes darán sus argumentos sobre un tema muy sencillo, previsto en la ley, pero complejizado por Ernestina Herrera. Marcela y Felipe se tienen que hacer el análisis de ADN, sí o sí. Eso marca la ley, lo otro es chicana, o peor aún, ocultamiento y supresión de identidad.
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