Alejandro Olmos Gaona es especialista en el tema de la deuda externa. Asesor del presidente ecuatoriano Rafael Correa en la suspensión del pago de bonos de la deuda que llevó adelante ese país, es hijo del fallecido periodista Alejandro Olmos, cuya investigación sobre la deuda externa argentina culminó con un fallo favorable del juez Jorge Ballesteros, donde se reconoce su carácter ilegal, ilegítimo y fraudulento.
El Periódico de la CTA dialogó con el historiador quien propone investigar y auditar públicamente la deuda externa de nuestro país.
¿Qué procesos legales se llevaron adelante relacionados con la deuda externa argentina desde el retorno de la democracia?
Ningún proceso legal se llevó adelante, con excepción de la causa iniciada por mi padre en 1982, en el Juzgado Criminal y Correccional Federal No 2. En enero de 1984, el entonces Juez de la causa, Dr. Martín Anzoátegui, envió un oficio al Congreso de la Nación a los efectos de que tomara intervención en la pesquisa que se estaba haciendo. Con ese motivo los diputados justicialistas Adam Pedrini y Miguel Unamuno presentaron un proyecto de ley para crear una Comisión Investigadora. Durante varias sesiones tanto en diputados como en senadores se discutió la cuestión de la deuda, pero la mayoría radical impuso su criterio de que no había que investigar y sí renegociar las obligaciones.
Es importante señalar que en 1984, el ministro de Economía, Bernardo Grinspun, impulsó una auditoría de la deuda externa privada en el Banco Central y, como consecuencia de eso, el presidente del Banco, Dr. Enrique García Vázquez, dictó la Circular 340 donde se establecían las pautas para considerar aquella deuda no legítima. Hay que tener en cuenta que esa investigación era procedente, porque esa deuda privada había sido estatizada en 1982 a través de varias circulares del Banco Central.
¿Qué nombres de empresas revelaba?
La investigación iba demostrando que las deudas fueron contraídas por Renault, Bridas, Socma (grupo Macri), Impsa, Celulosa, Cogasco, Suchard, Cargill, Techint, Acindar, Papelera Río Paraná, Pérez Companc, Loma Negra, etc. Es decir, las empresas más importantes del país. Eran deudas fraguadas y no correspondían a obligaciones reales, entonces hubo que desarticular la investigación. Se fue Grinspun, se fue García Vázquez del Banco Central, y vinieron Sourrouille y Machinea, y en consecuencia, todo el trabajo de los auditores fue a parar al archivo y posiblemente se destruyó.
¿Cuál es el estado de las tres causas abiertas en la Justicia Federal?
Después del fallo dictado por el juez Ballesteros en julio de 2000, que yo he criticado mucho por sus falencias, por el sobreseimiento dictado en la causa y por la superficialidad del mismo, a pesar que es la única sentencia dictada en el mundo sobre este problema, existen 3 causas más: 1.- Iniciada por mi padre en 1992, para investigar el endeudamiento desde 1984 hasta la instrumentación del Plan Brady en 1993. 2.- La que yo iniciara, junto con Daniel Marcos, para que se investigara la deuda desde 1993, hasta el último canje de deuda hecho por Kirchner en el 2005. En esta causa que está incorporada a la anterior, he presentada una importante cantidad de documentos encontrados en el archivo de mi padre relacionados con la deuda privada, y también documentos referidos a la instrumentación del Plan Brady, además de haber prestado declaración en la misma 3.- La iniciada por Elisa Carrió, Mario Cafiero, Alfredo Bravo y Graciela Ocaña en el 2001 para que se investigara el megacanje hecho por Cavallo en el 2001.
¿Porqué cree que el Gobierno no impulsa una auditoría de la deuda externa como su par ecuatoriano?
En todos los canjes de deuda se pagan abundantes comisiones a los que intervienen, y posiblemente hay retornos muy sustanciosos que no se documentan, pero como es mi costumbre sólo hablo de lo que puedo probar, y en este caso creo que se trata de el extendido criterio del “no se puede” que está relacionado con aquello que planteaba Arturo Jauretche de la colonización pedagógica. Es decir, pensar con el pensamiento de otros, con las ideas de otros. El sistema financiero se maneja con esas pautas de pagar sin auditar ni cuestionar, y el consenso generalizado es que las mismas no pueden ser alteradas. Sí lo hizo el presidente Correa en el Ecuador, y ahí encontramos ilegalidades, ilegitimidades, delitos de acción pública, documentos extorsivos de los bancos, la complicidad del FMI, del BM y del BID en el endeudamiento para favorecer a los acreedores privados.
El Gobierno se apresta a pagar la deuda del Club de París con el visto bueno de la oposición consentida, dígame su opinión.
Es lo que mi buen amigo, el notable jurista Salvador María Lozada definiera como “el Partido de la Deuda” y sobre ese parámetro esa oposición coincide con el Gobierno en pagar al Club de París y llegar lo más rápidamente posible a un acuerdo. Pareciera que ignoran que parte sustancial de esa deuda fue contraída por la dictadura militar para sostener el régimen, lo que entraría en la categoría que la doctrina norteamericana indica como “Deuda Odiosa”, pero además hay deuda privada estatizada, que el Estado debería repudiar, y un caso concreto que he investigado y he aportado las pruebas correspondientes a la Justicia es la deuda con Holanda. Los peritos del Banco Central determinaron en el año 1985 que esa deuda no debía pagarse, porque había fondos no entrados al país, otros utilizados en operaciones especulativas, etc.
¿En qué quedó la supuesta política de desendeudamiento que iniciara el ex presidente Néstor Kirchner cuando pagó al contado la deuda al FMI por cerca de 10 mil millones de dólares?
La política de desendeudamiento de Kirchner, continuada por su esposa, es una ficción. La deuda con el FMI debió ser cuestionada porque esa suma fue fugada al exterior en el 2001 por 520 empresas y particulares, tal como lo demostró la Comisión Investigadora de Fuga de Capitales de la Cámara de Diputados en el 2002. Además, la Comisión de Evaluación independiente del FMI, determinó en el año 2003 que el FMI sabía de la fuga y su carta constitutiva y reglamentos le prohíben hacer ese tipo de préstamos. Por otra parte pagó al contado una deuda que generaba intereses del 5% y emitió bonos de deuda que compró el Gobierno de Venezuela con tasas de interés de hasta el 14%. Por supuesto, para justificar estas operaciones se dijo que de esa manera se terminaba con los condicionamientos del FMI, lo que no es cierto porque en ese momento no había acuerdos con el FMI que implicaran ese condicionamiento ya que Kirchner fue el Presidente que más le pago al Fondo. Además la deuda, si bien bajó globalmente casi un 20% en el 2005, ha vuelto a crecer y hoy tenemos un stock de deuda de más de 157.000 millones de dólares a lo que hay que sumar la deuda cuasi fiscal del Banco Central que llega a los 21.000 millones de dólares, deudas provinciales, de organismos públicos, etc.
¿A qué se debe la manipulación del INDEC?
Hay que tener en cuenta que cuando se hizo el canje en el año 2005 se canjearon bonos viejos por tres nuevos bonos, uno de ellos atado al crecimiento y otro al índice CER. De allí que ante el crecimiento de la inflación, lo que hubiera determinado un desmesurado aumento de los bonos en pesos ajustados por el CER, el Gobierno intervino el INDEC y ha modificado cifras para dibujar índices inflacionarios que cualquier ama de casa que compra sabe que no son ciertos y que han merecido las objeciones de las Facultades de Ciencias Económicas del país que prepararon un informe que el Ministro Boudou se negó durante meses a recibir. A esto hay que agregarle la capitalización de intereses durante diez años, que significará un aumento de más de 10.000 millones de dólares tal como lo estimaran Mario Cafiero y Javier Llorens. Lo que ocurre es que se miente con un total descaro, como por ejemplo con el último canje de los bonos que no habían entrado en la negociación del 2005. Claudio Lozano, en un excelente análisis, demostró que era un canje sin quita ya que si bien se hacía una quita del valor de los bonos por un lado, por el otro, con el cupón atado al crecimiento, capitalizado desde el 2005, se anulaba la supuesta quita.
¿Cómo impacta en los trabajadores y los sectores populares esta formidable hipoteca?
Impacta de manera notable, ya que la transferencia de recursos que genera la deuda impide cumplir con otras obligaciones que son más perentorias. De acuerdo al Presupuesto 2010 se determinó más dinero para el pago de deuda que para salud y educación. En el Presupuesto 2011, no aprobado por el Congreso, las cifras eran similares. Ahora, en el Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por la Presidenta en diciembre prorrogando el Presupuesto 2010, se asignan 7504 millones de dólares para el pago de los servicios de la deuda, además de otros 7.500 millones de dólares para operaciones de crédito público. Si se ven los presupuestos del Estado se puede observar que el pago de la deuda es prioritario y esas sumas se sustraen a la administración del Estado que podría emplearla en generar puestos de trabajo, viviendas, hospitales, escuelas, etc. No se necesita ser muy versado para darse cuenta lo que se podría hacer con estos miles de millones de dólares que año a año se van del país.
¿De donde surgió su necesidad y cuál es el contenido de la carta abierta dirigida a la presidenta Cristina Fernández luego de la curiosa apreciación que ella hiciera sobre el carácter legítimo de las obligaciones a pagar por Argentina a los acreedores internacionales?
Cuando la Presidenta se refirió en forma irónica y soberbia a aquellos que hablaban de no pagar la deuda llegó a decir que este problema había que afrontarlo pagando, y que en la época de Alfonsín se perdió la oportunidad de cuestionarlo. En mi nota le hice ver primeramente la existencia de una serie de causas penales donde se investigaba la deuda, y un elemental respeto al orden jurídico y a la calidad institucional determinaba esperar los resultados de la causa para obrar en consecuencia. Un Gobierno no puede negociar lo que está siendo investigado por sus propios tribunales como un posible fraude. Después, le comenté que me llamaba la atención que el Gobierno de Kirchner y ahora el de ella, hayan replanteado toda la política de derechos humanos, hayan reabierto causas juzgadas, se hayan anulado indultos, y con la deuda nada se pudiera hacer, como si el sistema financiero tuviera una inmunidad que nadie se atreve a cuestionar. También le dije que me sorprendía que se pusiera tanto énfasis en el castigo a los culpables de las desapariciones de 30.000 personas y no se tomara en cuenta que la deuda ha producido más muertes que esas desde 1983 hasta hoy. La deuda sigue siendo intocable. Es indudablemente una posición que no se sostiene. Y tan es así que unas semanas después Oscar Parrilli, Secretario General de la Presidencia, me contestó en una amable carta donde elogia la investigación llevada a cabo por mi padre pero reitera que ya nada se puede hacer porque el Congreso nunca se ocupó del tema.
¿Qué pasaría si el país decidiera no pagar la deuda externa hasta no delimitar cuál es la legítima?
En un libro que escribí hace varios años, mostré con evidencias históricas que estas sombrías predicciones que se hacen si no se paga la deuda pública no tenían sustento alguno, pero un hecho reciente lo demuestra de manera acabada. Desde el default del 2001 hasta la reiniciación de los pagos en el 2006, no se pagó y no ocurrió ninguna catástrofe. Muy por el contrario, el país creció ante la falta de esas enormes transferencias por el servicio de la deuda. Cuando Correa dejó de pagar los bonos 2012 y 2030, en noviembre del 2008 -yo trabajaba para el gobierno ecuatoriano específicamente en ese tema de la suspensión de pagos- los mercados se asustaron, por supuesto, pero no tomaron ninguna medida, por la existencia de una auditoría que mostraba de manera contundente los mecanismos del fraude, y es por eso que sólo les interesó negociar y aceptar la propuesta que fuera.
¿Hay futuro si se sigue pagando sin beneficio de inventario la deuda?
En 1893, cuando se produjo una gran crisis de la deuda y el llamado “Arreglo Romero”, el Ministro de Hacienda, Juan José Romero, envió una nota a nuestro Ministro en Londres para que negociara con los acreedores pidiendo una moratoria de 10 años para los intereses. Como siempre, se había pagado deuda con deuda. Romero le decía con toda claridad que se abstuviera de pedir nuevos préstamos porque pagar deuda vieja con deuda nueva “era ir derecho a la bancarrota”. Eso es lo que han hecho nuestros gobiernos invariablemente y es lo que se sigue haciendo hoy. Se paga con dinero y además se emiten nuevos bonos para pagar las viejas obligaciones. Y al respecto me interesa destacar algo que siempre confunde y es esta distinción sobre deuda vieja y deuda nueva. La vieja sería la de la dictadura, la nueva la de los gobiernos democráticos, especialmente la de los de la década del 90. En la Justicia Federal hay pericias, testimonios de funcionarios del Banco Central, y numerosas evidencias que demuestran que la deuda de hoy es la misma deuda de la dictadura, reciclada a través de diversos mecanismos, con excepción de algunos préstamos específicos de organismos multilaterales.
¿Entonces?
Yo creo que no hay futuro porque tenemos una estructura económica sustentada en el permanente endeudamiento y eso significa priorizar al sistema financiero por sobre las necesidades de los trabajadores argentinos quienes son, en definitiva, los que crean la riqueza que otros se llevan. Esto es un sistema, el “sistema de la deuda” que responde a la lógica del usurero, que bien caracterizaron los maestros del Derecho Romano. El usurero no quiere que el acreedor le pague nunca, sino que permanentemente le pague intereses, y de esa manera lo tiene sometido y enganchado a sus continuas exigencias. Es como dijera un ilustre jurista de la Universidad de Roma, el Dr. Pierángelo Catalana: “la deuda es la esclavitud del tercer milenio”. Si seguimos con deuda seguiremos siendo una sociedad de esclavos, y no hombres libres como quisieron nuestros libertadores, que por eso lucharon y murieron.
