El Estado y el inestable equilibrio entre trabajo y capital

Los resultados electorales del 14 de agosto dejaron como clara ganadora a la presidente. En este contexto, las distintas fracciones del capital han tomado nota y reacomodaron el peso relativo de las fracciones al interior del bloque de poder, que ahora aparece comandado por el sector industrial. Por Eduardo Lucita, integrante del colectivo EDI-Economistas de Izquierda.

José Ignacio de Mendiguren, presidente de la UIA, y Cristina Fernández.

José Ignacio de Mendiguren, presidente de la UIA, y Cristina Fernández.

Impactados por el resultado electoral de la primarias y preocupados por el horizonte turbulento de la economía mundial, los empresarios han replanteado sus relaciones con el gobierno. Se han decidido por lo que llaman "diálogo responsable". ¿Qué es lo que ha determinado esa suerte de giro copernicano? ¿Qué los empujó a ese viraje?

Impacto de las primarias

Primero que nada los resultados del 14 de agosto. No se trata sólo de que el Frente para la Victoria haya ganando por el 50 por ciento de los votos emitidos o que el triunfo se haya extendido a todas las provincias menos una. Sino queese test electoral arrojó un claro ganador y varios "terceros", quedando desierto el segundo puesto. Ya nadie duda de quién será el triunfo definitivo en octubre y hay un convencimiento generalizado que quienes llegaron cuarto y quinto podrían ser segundo y tercero, claro que aunque alguno de ellos duplicara sus votos, en términos políticos el segundo lugar continuaría vacante. Fue la titular del GEN, Margarita Stolbizer, quién expuso más descarnadamente la situación en que quedó colocada la oposición derechista:"Está claro que la estrategia de confrontación que planteaba el Grupo A fracasó: el Congreso quedó paralizado y los resultados electorales están a la vista".

Por lo demás, las primarias dejaron al descubierto la fractura del frente rural. No me refiero a sus representaciones corporativas nucleadas en la Mesa de Enlace, que ya arrastraban sus propias contradicciones, sino al frente social que los productores lograron armar como defensa ante la apropiación de renta extraordinaria por el Estado. Los productores se mantuvieron firmes, pero sus aliados de las clases medias rural y urbana no los siguieron esta vez.

En segundo lugar, la amenaza de la crisis mundial. Los empresarios son concientes que en la recesión 2008-2009 los países avanzados evitaron una profundización mayor por la fuerte demanda de los llamados países emergentes, pero no es seguro que este recurso resulte ahora posible. Esto también los lleva a cerrar filas con el gobierno a quién le reconocen haber enfrentado con éxito aquella recesión. Pero también reconocen que esta puede ser más duradera y profunda. Para enfrentarla, dicen, será necesario hacer "ajustes al modelo, sin afectar el crecimiento".

Reacomodamientos

Las distintas fracciones del capital han tomado nota de este nuevo escenario y reacomodaron el peso relativo de las fracciones al interior del bloque de poder, que ahora aparece comandado por el sector industrial. A la velocidad de la globalización tres eventos consecutivos, del 30 de agosto al 1º de septiembre, dan cuenta de ese reacomodamiento.

El almuerzo en la Bolsa de Comercio que congregó a las seis principales cámaras patronales y el Seminario "Argentina: perspectivas económicas y políticas", organizado por el Consejo de las Américas, fueron los primeros. En estos dos encuentros se analizaron las primarias y sus implicancias políticas, y se concluyó en que "o recuperamos el diálogo o esperemos que todo empeore"; para luego coincidir tanto en "hacer los mayores esfuerzos para no socavar los buenos indicadores logrados" como en que "La Argentina continuará creciendo... pero es necesario aumentar la inversión privada".

Finalmente, en la celebración del Día de la Industria, el discurso del titular de la UIA, Ignacio De Mendiguren, no dejó dudas del "respaldo al gobierno y al modelo". A tal punto fue ese apoyo, que la presidenta Cristina Fernández en su discurso de cierre no pudo menos que señalar: "Es la primera vez que no tengo que responder a lo que se dijo". Pocos días después el titular de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Biolcati, se rindió ante las evidencias viendo la necesidad de "la búsqueda de soluciones más allá de la confrontación ... hay que cambiar el tono y aprovechar la oportunidad del cambio para sentarse a conversar de manera madura".

Crisis cerrada

La conclusión de esta combinación de reacomodamiento empresarial y desorientación de la oposición derechista cae de madura: la crisis política iniciada a principios del 2008 por la resolución 125 se ha cerrado. Esa etapa ha concluido y una nueva se abrirá el próximo 10 de diciembre. Una etapa con una figura presidencial relegitimada y fortalecida en su autoridad, que ha cubierto con creces lo que se aseguraba sería un vacío dejado por el prematuro fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner. Esa autoridad ya se hizo sentir cuando arbitró en la reciente discusión por el salario mínimo, o antes aún cuando impusó su criterio en los armados electorales. O cuando mando a archivar el proyecto de participación en las ganancias.

Retorno a las fuentes

En este escenario el discurso oficial pareciera querer volver al peronismo auroral, a la alianza estratégica entre el capital y el trabajo mediada por el Estado. La presidenta fue muy clara en la celebración del Día de la Industria en Tecnópolis: "No hay intereses más coincidentes que el de los empresarios y los trabajadores", y llamó a unos y otros a resignar aspiraciones.

No es la primera vez en la historia del país que se busca concretar esta alianza, nunca culminaron bien esos intentos. Dada nuestra formación social el Estado, en determinadas situaciones socio-políticas, busca armonizar los contradictorios intereses entre el capital y el trabajo, siempre resulta un equilibrio inestable.

Acuerdo social

En la actual coyuntura, como en 1952 o en 1973, el primer paso es intentarponer en caja la inflación por medio de acordar precios y salarios, lo que lleva implícito discutir qué nivel de retenciones y subsidios, qué incrementos tarifarios, qué tipo de cambio. La experiencia nos enseña que todo acuerdo o pacto social tiende inevitablemente a preservar altos niveles de productividad y ganancias empresariales, buscando así potenciar la acumulación de capitales. Su contrapartida siempre ha sido que lostrabajadores y sectores populares recorten sus reivindicaciones en aras de un futuro mejor...

Por otra parte no está demás recordar que la disputa por la apropiación de la riqueza social está inscripta en el metabolismo del sistema capitalista. Se expresa tanto en la confrontación capital/trabajo como en la disputa intercapitalista, cuando diferentes fracciones buscan mantener o mejorar su posicionamiento con miras al futuro inmediato.

No es otra cosa que el despliegue en el plano económico de la lucha de clases, que no se disciplina a compromiso alguno y suele manifestarse por diversos vericuetos. No hay muchas razones para pensar que esta vez resulte diferente, aun cuando en lo inmediato pudiera ser contenida.

Argentina: agronegocios o derechos humanos

Darío Aranda (LA VACA)

Extranjerización, Plan Agroalimentario y derechos humanos. "La compañía internacional Benetton posee en la Patagonia 970 mil hectáreas. ¿Sería mejor si estuvieran en manos del bonaerense Gustavo Grobocopatel? ¿O quizá el salteño Alfredo Olmedo? ¿O es preferible que las maneje la Mesa de Enlace (con todos dirigentes nacidos en Argentina)?".

El 27 de abril al mediodía, en la Casa de Gobierno, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para regular la venta de tierras a extranjeros. Los medios de comunicación aliados al Gobierno hicieron tapa con el anuncio, como si dieran cuenta de una reforma agraria.

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La compañía internacional Benetton posee en la Patagonia 970 mil hectáreas. ¿Sería mejor si estuvieran en manos del bonaerense Gustavo Grobocopatel? ¿O quizá el salteño Alfredo Olmedo? ¿O es preferible que las maneje la Mesa de Enlace (con todos dirigentes nacidos en Argentina)?

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En el país no existen datos, ni siquiera aproximados, sobre extranjerización de tierras. Sólo hay casos emblemáticos, que suelen repetirse como si fueran los principales responsables de los males del país y del modelo extractivo: Carlo y Luciano Benetton, Douglas Tompkins, Joseph Lewis y Ted Turner.

Federación Agraria Argentina (en antaño tan cercana a la Sociedad Rural, en la actualidad tan cerca del Gobierno) arriesga cifras tan dispares como difícil de comprobar. Suele mencionar un supuesto relevamiento propio, pero nunca lo hizo público (los diarios igual lo citan como verdad revelada).

El proyecto de ley del Gobierno propone un registro de poseedores extranjeros de tierras rurales. Quizá el punto más relevante de la propuesta legislativa.

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“Será una norma amplia, que proteja a los agricultores familiares (…) Hay modelos a mirar, como Brasil”, había anticipado la Presidenta el 1 de marzo de 2011 al inaugurar la sesiones del Congreso, cuando anunció que se trabajaba en el proyecto de ley.

El anuncio había creado expectativas en las organizaciones campesinas. Sobre todo porque la legislación de Brasil contempla la función social de la tierra, un anhelo de los movimientos rurales de base, que rechazan la concepción meramente mercantilista de la tierra, en busca sólo de rentabilidad, y que entienden a la tierra como un elemento indispensable para producir alimentos sanos para el pueblo, pilar la soberanía alimentaria de un país.

El 27 de abril, sólo 58 días después del anuncio en el Congreso, la Presidenta dio a conocer finalmente el proyecto de ley. En ninguna de las siete carillas se menciona la función social de la tierra. Tampoco existe mención alguna a los “agricultores familiares”, muchos menos sobre campesinos o pueblos originarios.

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Pocos pueden oponerse a que en Argentina se legisle sobre la venta de tierras a extranjeros. Sobre todo, no se opondrán quienes impulsan el actual modelo agropecuario porque una ley de ese tipo no afecta ningún interés de los ganadores del modelo de agronegocios actual (donde la soja es sólo su cara más visible).

Regular la extranjerización de tierras no combate el corazón de la injusticia rural: la concentración de la tierra. Muy pocos tienen mucha tierra. La gran mayoría tiene muy poco.

El Censo Agropecuario de 1988 revela había en el país 422.000 explotaciones agropecuarias, que disminuyeron a 318.000 en 2002 (un 24,6 por ciento menos).

La investigación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), “La tierra en Argentina”, de Marcelo Sili y Luciana Soumoulou, resume: “Desde el punto de vista de la estructura agraria, la distribución de la tierra es sumamente inequitativa”. Y revela que el 2 por ciento de las explotaciones agropecuarias controla la mitad de la tierra del país. Mientras que el 57 por ciento de las explotaciones cuenta sólo con el 3 por ciento de la tierra.

Todo indica que en los últimos nueve años la concentración aumentó, pero (Indec mediante) no existen datos oficiales. En 2008, en plena disputa entre el Gobierno y la Mesa de Enlace, se realizó el Censo Agropecuario. Aportaría datos precisos luego de seis años de falta de estadísticas oficiales del sector rural. Pero el esperado relevamiento no escapó a las irregularidades del Indec. El Censo 2008 no abarcó todo el territorio nacional y nunca se presentaron todos los datos relevados. Los científicos sociales no lo toman como válido y, a su pesar, deben seguir manejándose con el Censo 2002.

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El Foro por la Tierra del Chaco denunció que en 1995 las explotaciones de más de 1000 hectáreas representaban el ocho por ciento del total de la provincia. En 2002 pasaron a representar el 56 por ciento del total, en su mayoría para siembra de soja.

“Deforestación, agricultura y biodiversidad” es el informe de Marcelo Cabido y Marcelo Zak, investigadores principales de la Universidad Nacional de Córdoba y el Conicet. Además de los efectos ambientales, confirmaron la concentración de la tierra en la provincia: sobre cuatro departamentos del norte provincial (Ischilín, Sobremonte, Totoral y Tulumba) demostraron que, entre 1988 y 1999, las chacras de menos de 200 hectáreas disminuyeron un 32 por ciento. En el mismo lapso, las estancias de más de 2500 hectáreas aumentaron un 30 por ciento. Pequeñas parcelas fueron absorbidas por grandes propietarios.

Misiones no escapa al fenómeno. El último Censo Agropecuario detalla que en la provincia existen 27.000 “explotaciones agropecuarias”. Sólo 161 de ellas (el 0,6 por ciento del total) poseen el 44 por ciento de la tierra de Misiones (917.000 hectáreas). Ilustrativo es el caso de la Papelera Alto Paraná: es propietaria del diez por ciento del suelo provincial, 233 mil hectáreas. En el municipio de Puerto Piray, es dueña del 62,5 por ciento de la tierra.

La soja no llega hasta Mendoza, pero sí llegan sus consecuencias. El monocultivo desplazó a la ganadería desde el Litoral y La Pampa hacia Cuyo. “Hacendados y empresas, donde también están las mineras, intentan por todos los medios apropiarse de tierras y agua, comprando, fraguando títulos, usurpando, y prometiendo un progreso y empleo que son mentiras”, explica la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza (UST).

La Cátedra Unesco de Sostenibilidad de la Universidad de Politécnica de Cataluña es un espacio de referencia en el estudio de modelos productivos y sus impactos sociales, políticos y económicos. Durante 2008 y 2009 un equipo multidisciplinario analizó el modelo agrario y minero de seis provincias argentinas (Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Córdoba, Catamarca y Mendoza) y lo presentó ante Naciones Unidas bajo el nombre “Situación de los derechos humanos en el noroeste argentino”. “Como consecuencia del modelo agropecuario, en los últimos 15 años ha aumentado en Mendoza la concentración de la tierra en un 40 por ciento, desaparecieron el 33 por ciento de los productores y el 84 por ciento de los hogares rurales no tienen posibilidades de producir por falta de agua o de tierra”, afirma el trabajo y denunció que la situación de derechos humanos en la provincia es “crítica”.

En el análisis de distribución de tierras, la Cátedra Unesco tomó como muestra los departamentos de Lavalle, San Martín y San Rafael. Llegó a la conclusión que el 51 por ciento de las explotaciones agropecuarias tienen una superficie de diez hectáreas o menos, y estos pequeños productores sólo ocupan el dos por ciento de la superficie de los departamentos estudiados. En tanto las explotaciones con más de mil hectáreas son sólo el 0,31 por ciento de las propiedades, pero concentran el 75 por ciento de las tierras.

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“No se afectará los derechos ya adquiridos. Esto quiero que quede absolutamente claro, porque si no significaría cambiar las reglas de juego y perjudicar a aquellos que adquirieron de buena fe con reglas que estaban vigentes hasta ese momento”, remarcó la Presidenta cuando anunció el proyecto de ley sobre extranjerización de tierras. Y consideró que, no respetar la legislación, “hablaría de un país poco serio”.

Pueblos originarios y campesinos cuentan con legislación que protege sus derechos territoriales. Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17), Convenio 169 OIT, Ley 26160, Posesión Veinteañal vigente en el Código Civil. Rara vez se cumplen.

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El principal problema de campesinos e indígenas no es la extranjerización, sino el modelo agropecuario.

En 2001 se sembraron en el Argentina 10 millones de hectáreas con soja. En 2003 había 12 millones. Luego de ocho años de kirchnerismo se llegó al récord de 19 millones de hectáreas con monocultivo, el 56 por ciento de la tierra cultiva. Nunca antes la soja había crecido tanto.

“Corrimiento de la frontera agropecuaria”, festejan los técnicos y funcionarios. En la cotidianidad del campo implicó desalojos tan violentos como masivos. Donde el Movimiento Nacional Campesino Indígena tiene gran presencia, como en Santiago del Estero y Córdoba, las topadoras suelen estar al servicio de pooles de siembra y de la Mesa de Enlace (sobre todo Federación Agraria, Sociedad Rural y Confederaciones Rurales Argentinas), casi siempre argentinos.

El panorama no es alentador. El “Plan Estratégico Agroalimentario 2010-2016”, proyecto oficial que apuesta a aumentar la producción de soja (entre otros productos) en 20 millones de toneladas.

Por si quedaran dudas, el Ministerio de Agricultura envió el 28 de junio una gacetilla alentadora para el complejo de agronegocios: “Existen excelentes posibilidades para aumentar la producción (…) Hay un conjunto de factores que funcionan como impulsores de la demanda alimentaria, entre los que se destaca el aumento del consumo en los países desarrollados y la generación de biocombustibles”.

El Ministerio reconoce que la soja aumentará en área sembrada. Y pretende, para 2020, llegar a 160 millones de toneladas de granos (60 por ciento más que en la última cosecha). En la misma línea, en la Cumbre de Ministro de Agricultura de países que integran el Grupo de los 20 (G-20), la propuesta argentina fue aumentar la producción de granos.

El incremento granario multiplicará las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias. El corrimiento de la frontera agropecuaria será una consecuencia lógica.

En respuesta a esa postura, el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) elaboró un duro documento, donde alertó sobre la profundización del modelo agropecuario, advirtió sobre el aumento de los desalojos, desmontes y mayor uso de agrotóxicos. Remarcó que el actual modelo de agronegocios consolida a la Argentina como productor de materias primas en el marco de un “saqueo transnacional” que implica subordinar al país en un esquema colonial.

“Aumentar a 160 millones de toneladas de granos, forrajeros y no alimentarios, es sumar otras diez millones de hectáreas a las 20 millones que se cultivan de soja transgénica. Y no tiene otra forma de hacerse que a partir de los desalojos de las familias campesinas”, advirtió el MNCI y apuntó a las banderas del kirchnerismo: “Plantear que debemos redoblar las exportaciones en el marco del modelo actual genera claras contradicciones con las aspiraciones de un desarrollo industrial armónico con justicia social y con las políticas de derechos humanos”.

Informativo Latinoamericano Púlsar 14/09/2011

Más de 630 mil personas todavía viven en campamentos en Haití. Se realizó en Brasil el Grito de los Excluidos. Organizaciones sociales de Mesoamérica se movilizan para abrir debate sobre el Cambio Climático. Estudiantes chilenos marchan en Santiago.

Argentina, La Pampa: Fraude educativo

LA ARENA

En una de las instituciones de enseñanza media de Santa Rosa se vive en la actualidad una situación que puede calificarse como fraude educativo pues una importante cantidad de egresados de la Escuela Provincial de Educación Técnica 1 (EPET) se ven imposibilitados de ingresar al mercado laboral por no conocer el funcionamiento del Control Numérico Computarizado (CNC) un torno especial que el Gobierno de La Pampa compró hace unos cuatro años y repartió entre los establecimientos educativos técnicos de esta provincia. El torno está en el colegio para capacitar a los estudiantes en un oficio que hoy tiene una inmediata y variada oferta laboral en todo el país y en el extranjero. Que no funcione por desidia docente o ministerial no parece desvelar a los responsables.

Enterado de esta situación, LA ARENA se dirigió hasta la EPET 1 y habló con Roberto Miguel Martínez, jefe de Talleres durante el turno tarde y maestro de Enseñanza Práctica en el horario de la mañana. El docente contó los pormenores que viven en relación al funcionamiento del CNC ubicado en un galpón, detrás de la escuela, y junto a otros tornos de diversos tamaños.

Reconoció que el CNC del colegio "tiene un serio inconveniente ya que cuando enciende la máquina aparece una falla o error en la programación y no lo podemos usar". El jefe de taller calificó a la situación como "complicada" y pidió en forma urgente la asistencia a capacitaciones de los docentes para que puedan enseñar a los alumnos el funcionamiento del equipo de marca Siemens.

Mientras en el colegio están a las vueltas, en Santa Rosa no pocos torneros, con una importante cantidad de trabajo diario, se quejan porque no encuentran personal capacitado en la utilización del CNC. Ellos exigen mano de obra calificada que obtendrá, a cambio, un sueldo y una expectativa de crecimiento profesional y laboral importante. Pero sus necesidades de mano de obra calificada de torneros, pese a estar contempladas teóricamente en la curricula de la EPET que tiene un torno de última generación, se ve frustrada porque ese torno no funciona. Así, los jóvenes egresados pierden la oportunidad de obtener un trabajo que requiere ese conocimiento que se les niega.

Pero, ¿de quién es la culpa?

Error

Martínez dijo que algunos docentes fueron enviados a la capacitación en el manejo del CNC. "Sin embargo, los capacitan sobre el CNC pero en simuladores y no en equipos originales por lo que cuando prendemos nuestra máquina no sabemos que es lo qué pasa", amplió. Y agregó: "Esta máquina tiene un sistema Siemens, partes chinas, y cada vez que la encendemos nos aparece el error que no nos deja usarla".

El jefe de talleres sostuvo que no existe un "buen contacto" con la empresa alemana Siemens para que dicte algunas capacitaciones, personalmente o a través de Internet. "Muchos docentes viajaron a Pico pero no tuvieron la enseñanza

necesaria", añadió.

Para Martínez, "en la EPET 1 no tenemos el código de error y, por eso, no podemos enseñarle a los chicos a utilizarlo".

Parece mentira que luego de años de tener ese torno nadie haya podido hacerlo andar. Parece mentira que no se tome conciencia, allí en el establecimiento y en el Ministerio de Educación de La Pampa, que esta situación configura un fraude educativo en perjuicio de los estudiantes que no reciben los conocimientos y las prácticas pese a que el Estado ha invertido en maquinaria y capacitación para que la reiban.

Los centenares de adolescentes que concurrieron y concurren a la escuela con la intención de capacitarse técnicamente y, de esta manera, insertarse en un futuro a un mercado laboral de importantes características, se encuentran en la escuela con una máquina, de última tecnología, fallada y sin saber qué hacer.

"Los chicos sólo usan los simuladores, entran en la sala de computadoras, y aprenden lo teórico pero después vienen a la máquina y no la saben usar", dijo el jefe de talleres. Y disparó: "Tal vez, seamos ignorantes pero no sabemos borrar el error y en el manual tampoco lo dice".

Según el jefe de talleres, las autoridades de la institución están de acuerdo con poner en funcionamiento el CNC. "En La Pampa, hay equipos con CNC, que cuestan alrededor de 500 mil pesos, es una importante salida laboral, pero al chico que no lo sepa usar no le va a ir muy bien", completó.