Ricardo Peidro
Los recientes anuncios del Gobierno sobre Ley de Trazabilidad de los Medicamentos para enfrentar tardíamente el uso de medicamentos-tratamientos falsos con los conocidos negociados de troqueles, reintegros, redes de corrupción sistemática, y la compra consolidada de fármacos del PAMI-Ministerio de Salud de la Nación (auditados por Desarrollo Social) instala un siempre postergado (evadido sin duda) y necesario debate sobre los medicamentos en la Argentina.
Estos anuncios continúan consolidando la idea de legislar por "retazos" sin la integralidad necesaria de una política pública y seguir postergando lo que nuestro país sigue careciendo: una Ley Nacional de Medicamentos que pueda plasmar qué política pública de uso racional de medicamentos asumiremos con un código de ética claro, las regulaciones hacia la industria y mercado farmacéutico, el rol del Estado en tanto regulador como productor testigo y la participación de la sociedad civil en estas decisiones en función de garantizar el derecho a la salud de nuestro pueblo.
Desde el 2003 hasta este 2011 el mercado farmacéutico en Argentina paso de facturar 5.245.251 en 2003 a 19.201.602 millones de pesos anuales en el último año (2010-2011). Si uno analiza el crecimiento en términos de unidades vendidas (incremento del 53% del 2003 al 2010) salta a siemple vista que fue mucho menor que el crecimiento de la facturación (incremento de más del 250%). ¿Y entonces cómo se explica este crecimiento initerrumpido en ganancias cuando creció comparativamente mucho menos la venta por unidades desde el 2003 en adelante?: simplemente por los aumentos discrecionales de precios y ampliación de los márgenes de ganancias de los propios laboratorios.
La composición del mercado farmacéutico actualmente con supuesta preminencia de laboratorios nacionales (61,4%) por sobre los laboratorios extranjeros (38,6%), sólo nos dice que la industria tanto nacional como multinacional en nuestro país tiene pautas de comportamiento oligopólicas bastante similares y que existen nichos de "ganancias extraordinarias" que nadie desde los gobiernos a cargo del Estado se le ocurrió preguntar, controlar o conocer. Casi diríamos un Estado como espectador, o bien, como socio garante de rentabilidades exorbitantes dejando a la ciudadanía como rehén de las corporaciones farmacéuticas.
La supuesta "épica" de enfrentar las corporaciones, hasta el momento no se vio en el campo de la salud colectiva y menos en el mercado farmacéutico. Vayamos a ejemplos concretos de los márgenes de ganancias entre el costo de la droga para el laboratorio y la venta en farmacia en algunos fármacos de uso frecuente en nuestra población que según un estudio de nuestro Instituto de Politicas de Salud de la Asociación Agentes de Propaganda Médica a(AAPM-CTA):
- Omeprazol (Losec -Astra) tiene un márgen de ganancia del 33.130 %.
- Diclofenac sodico (Voltaren - Novartis) tiene un márgen de ganancia del 27.223%.
- Diazepan (Valium - Roche) tiene un margen de ganancia del 20.141%.
- Amlodipina (Cardiorex - Bagó) tiene un margen de ganancia del 9.649%.
- Enlapril (Renitec -MSD) tiene un margen de ganancia del 5724%.
- Enlapril (Lotrial - Roemmers) tiene un margen de ganancia del 4263%.
- Bromazepan (Lexotanil - Roche) tiene un margen de ganancia del 2258%.
- Ranitidina (Zantac - Glaxo) tiene un margen de ganancia del 2874%.
El mismo estudio marca que si hacemos una comparación entre costos de un mismo medicamento a cuánto se comercializa en Argentina con España vemos que:
- El medicamento del Laboratorio Schering Plough llamado Remicade (monodroga infiximab) en Argentina se vende a $ 10.069,60 pesos, y en España a sólo $ 3695,28 pesos.
- El medicamento del Laboratorio Novartis llamado Glivec (monodroga Imatinib) en Argentina se vende a $ 24.560, 30 pesos, y en España a 7738,50 pesos.
- El medicamento del Laboratorio Biogen llamado Avonex (monodroga Interferon beta 1a) en Argentina se vende a $ 22,396,20 pesos, y en España a $ 5564,40 pesos.
- El medicamento del Labotatorio Roche llamado Avastin (monodroga Bevacizumab) en Argentina se vende a $ 18617,30 pesos, y en España a $ 8291,70 pesos.
- El medicamento del Laboratorio Pfizer llamado Somavert (monodroga Pegvisomant) en Argentina se vende a $ 49169 pesos, y en España a 18539, 10 pesos.
En la década de los ´90 mientras tenía vigencia la convertibilidad (1-1), los laboratorios se comportaron como época hiper-inflacionaria con un incremento acumulado en esos años de un 150%. Llevando incluso en que declararan "zonas inviables" para sus negocios ya que no había ni médico que lo recetaran, ni farmacia que lo vendiera ni usuarios que lo pudieran comprar. En este contexto, se perdieron más de 1200 puestos de trabajo APMs.
Podríamos seguir dando más y más ejemplos que en Argentina se sigue insivilizando en lo que refiere a medicamentos una situación sumanente irregular, con negocios inmensos de mercado oligopólicos y matrices de corrupción graves.
En este contexto, la negociación paritaria de los visitadores médicos con la industria farmacéutica una vez más nos encuentra con una lucha frente a un sector con ganancias extraordinarias pero que se niega a reconocer las necesidades y demandas de los trabajadores de AAPM. Un Ministerio de Trabajo de la Nación que no puede garantizar ni siquiera la presencia de paritarios patronales. Incluso desde la recuperación de la democracia, con gobiernos espectadores y garantes de negocios. De los grupos económicos, claro.
Si queremos una democracia que sea garante del derecho a la salud, necesitamos dejar de ocuparse sólo de "multiplicar propaganda heroica" y profundizar un debate que realmente busque avanzar hacia un Estado nacional que responda a las necesidades colectivas de nuestro pueblo y los trabajadores. El exorbitante precio de los medicamentos en Argentina que incluso afecta directamente nuestras fuentes de trabajo, las formas de comercialización prebendaria muchas veces, la discrecionalidad de las corporaciones farmacéuticas y el rol del Estado como espectador garante de negocios privados, ratifica que es imprescindible construir una democracia que garantice el derecho a la salud y la cobertura-acceso a medicamentos de calidad como un bien social para los que lo necesiten.
El relato "épico" una vez más se da de patadas con la realidad y las necesidades de los trabajadores y nuestro pueblo. Necesitamos una política nacional de medicamentos basada en el uso racional y promoción científica de los fármacos, con regulación de precios y control efectivo del Estado junto a los trabajadores y la sociedad civil hacia la industria farmacéutica. El tiempo pasa, las respuestas siguen sin aparecer.
Ricardo Peidro es Secretario Adjunto de la CTA.
