Masivamente, vienen parando y movilizándose en reclamo por la transformación de la educación (superior) caracterizada, en términos generales, por el lucro. Que la educación sea un derecho – y no un servicio –, y que sea pública, gratuita y de calidad es la principal consigna de lucha.
La educación no fue ajena a los cambios neoliberales introducidos. Dictadura mediante, se produjo un proceso de mercantilización de la educación cuyas características en Chile fueron, entre otras: la privatización de la enseñanza para reducir el gasto público, una de las condiciones impuestas por los organismos internacionales para otorgar el financiamiento que requerían los cambios estructurales; la priorización de la libertad de enseñanza sobre el derecho a la educación; la descentralización del sistema educativo; y por último, una característica particular y principal de la situación chilena, la transformación del sistema de financiamiento de la educación sustentado en el subsidio a la demanda y la sesión por parte del Estado de un gran número de escuelas al sector privado. En el caso específico de la educación superior, se destaca la sanción de la Ley General de Universidades que promovió la profesionalización de la formación y una fuerte intervención del Estado genocida en las universidades.
En la década de los 1990, se continúo y profundizó el proceso de mercantilización de la educación con la implementación de políticas focalizadas y reformas curriculares acordes a los lineamientos neoliberales, junto con la sanción de una fundamental normativa: la Ley de Financiamiento Compartido. La aprobación de esta ley implicó la responsabilización de los padres en el sostenimiento económico de la educación de sus hijos, con la consecuente profundización de la fragmentación y polarización educativa.
Y en los últimos diez años, en continuidad con lo anterior, se elaboraron leyes destinadas a estandarizar cánones de calidad a partir de resultados en pruebas de medición y a profundizar la desresponsabilización del Estado en el financiamiento de la educación superior, cuyo acceso queda supeditado a la obtención por parte de los estudiantes de becas particulares y créditos bancarios, lo que produce que unos pocos privilegiados accedan a los estudios superiores porque los pueden pagar, y una gran mayoría que hipoteca sus vidas por acceder al (supuesto) mismo derecho.
Frente a esta situación, el pueblo chileno pisó las calles nuevamente. Cientos de miles por todo Chile, marchan demandando que se reforme el sistema de acceso, que se aumente el gasto público y que se democratice el sistema de educación superior, demandas que también se articulan con consignas que transcienden lo estrictamente educativo para cuestionar al proyecto gubernamental en su conjunto. El rugir de los estudiantes, no solo pone en cuestión el modelo educativo sino al conjunto del proyecto neoliberal que ve en la salud, la vivienda y en la educación bienes de consumo (y no derechos humanos).
Este momento de ebullición popular duramente reprimida por el gobierno del empresario y defensor de Pinochet, Sebastián Piñera, también tiene su historia. La movilización y resistencia social actual, recoge la experiencia histórica de los diferentes movimientos que preceden al presente conflicto; es producto de la histórica acumulación de luchas y conflictos sociales, particularmente de los últimos veinte años. Es decir, no surgió espontáneamente de un día para el otro, sino que expresa la crisis y el agotamiento del “mejor alumno” del modelo neoliberal y la fuerte crítica a una “democracia” asentada en la defensa y continuidad de orientaciones económicas, políticas y sociales instauradas años atrás a fuerza de muertes de allendes, jaras y violetas.
El antecedente más cercano a la manifestación popular actual fue la denominada “revolución pingüina”. Intensa movilización de estudiantes secundarios sucedida en el año 2006 durante el gobierno de Michelle Bachelet, también cuestionó al modelo educativo vigente en el país, y tuvo como consecuencia el reemplazo de la ley de educación de la dictadura por una Ley General de Educación. Sin embargo, la LGE no significó ninguna modificación en los fundamentos privatizadores de la educación chilena, ni una ruptura con la mercantilización de la educación.
Lo que sucede en nuestro país vecino, no se encuentra lejos de lo que ocurrió en Argentina en la década del 1990, cuando se implementó el decálogo menemista en educación, que sancionó, en 1995, la Ley de Educación Superior. Fuertemente resistida por el movimiento popular, la LES fue la expresión normativa del proyecto neoliberal en educación que, al igual que en Chile, la concibe como un servicio. Esta Ley es la que aún hoy en el año 2011 sigue legislando la educación superior en Argentina.
Además de continuar y persistir a nivel nacional enfoques educativos neoliberales, es en la Ciudad de Buenos Aires donde mejor y más claramente se expresan sus principios y políticas con el proyecto educativo de Macri. El gobierno macrista impulsa actualmente distintas políticas como las evaluaciones estandarizadas y la modificación del estatuto (mediante el cambio en el modo de las elecciones de las Juntas de Clasificación), que son parte de un proyecto educativo “a la chilena” tendiente a destruir la educación pública en la Ciudad. Pero, como clama el canto popular, la educación pública en Argentina, no se vende, se defiende. La educación pública argentina no se vendió e históricamente el movimiento popular la defendió, luchando por las libertades que faltan, que son los dolores que quedan, tal y como nuestros hermanos trasandinos lo están haciendo tras la cordillera.
*Del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación UBA
