El presidente de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Vega, representante de la Coalición Cívica, volvió a postergar el debate de este proyecto de ley tan necesario para la preservación de la vida de las mujeres en nuestro país.
El proyecto de ley que despenaliza la interrupción del embarazo hasta la 12 semana, fue presentado a principios de 2010, por diputados y diputadas nacionales, a instancias de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, al que fueron sumándose otros legisladores hasta contar con 50 firmas. Había representantes de todas las bancadas.
Necesidad de un debate
Ya es imposible, aún para los sectores más fanáticos de los grupos mal llamados "pro-vida", negar la necesidad del debate sobre el aborto, en un país donde el Ministerio de Salud de la Nación informa que se realizan por año 460 mil operaciones quirúrgicas de interrupción del embarazo, todas clandestinas y con graves peligros para la vida de las mujeres que se someten a ellas.
Si se aplicara estrictamente el artículo 85 del Código Penal, todas esas mujeres deberían ser sometidas a juicio y luego ir presas, por haber cometido uno de los delitos previstos en el Título I (Delitos contra las personas), Capítulo I (Delitos contra la vida).
Lo mismo debería suceder con aquellos médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos, que "abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo", tal como lo prescribe el primer párrafo del artículo 86 del Código Penal.
Qué más esperar
El Informe sobre Derechos Humanos en Argentina 2011, publicado por el Centro de Estudios Legales y Sociales, dice que entre 2002 y 2008 fueron condenadas 22 mujeres en todo el país por el delito de aborto, y ningún profesional de la salud. Quiere decir que quienes ponen en riesgo su integridad física y hasta su vida, sometiéndose a intervenciones quirúrgicas clandestinas, para interrumpir un embarazo no deseado, luego son las que sufren la persecución judicial y las condenas. Si bien los casos sean pocos en relación a la cantidad de abortos efectivamente practicados.
La periodista Mariana Carvajal, en un artículo publicado por el diario Página 12 en su edición del 18 de julio, se preguntaba: "¿Para qué mantener entonces el aborto en el Código Penal si no se persigue el delito, no resulta disuasivo para prevenirlo y lo único que consigue son graves consecuencias en la salud y la vida de las mujeres por la amenaza punitiva?". Y a continuación afirmaba: "Brindar educación sexual integral en las escuelas, promover el acceso a la anticoncepción, difundir la posibilidad de recurrir a anticoncepción hormonal de emergencia ante un coito sin protección, y garantizar un aborto seguro para aquellas mujeres que deciden interrumpir voluntariamente una gestación, son los caminos adecuados para proteger la salud y la vida de más de la mitad de la población del país. La penalización ya ha demostrado su fracaso. ¿Qué más se debe esperar?".
Discusión y crítica
El presidente de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Vega, representante de la Coalición Cívica, que el año pasado realizó dos audiencias públicas para introducir en el Congreso el debate sobre la despenalización del aborto, había convocado a una reunión de esa comisión para ayer martes 27 de septiembre, para emitir un dictamen, pero introduciendo una modificación a los proyectos que se encontraban en debate. Vega pretendía debatir la reglamentación del segundo párrafo del artículo 86 del Código Penal, que prevé los casos de "abortos no punibles", incluso restringiendo su aplicación a las primeras 12 semanas, cuando la redacción actual de la norma, que data de 1922, no impone plazo para practicar el aborto cuando corre peligro la vida o la salud de la madre, o cuando el embarazo ha sido fruto de una violación o de una atentado al pudor sobre una mujer idiota o demente.
Las críticas partieron de todos los sectores. Algunos plantearon que no era lo más conveniente introducir este debate en medio de la campaña electoral. Para Mariane Mollman, directora de la División Derechos de la Mujer de la organización Human Right Watch, una de las invitadas a participar y dar su opinión a fines del año pasado, en las audiencias públicas de la Comisión de Legislación Penal, "una campaña electoral es un momento emotivo" y no sería la mejor ocasión para debatir la despenalización del aborto. Para esta especialista, en una campaña electoral se apelarían sentimientos muy fuertes, relativos a aspectos religiosos, a la ética y la moral, que terminan restringiendo el debate y conspiran contra una discusión seria y científica de una problemática que no debería ser considerada dentro de los marcos religiosos sino como una cuestión de salud pública.
Desde el propio oficialismo no ven con buenos ojos que el debate sobre la despenalización del aborto se realice en esta etapa, pues oscurecería la campaña de la presidenta Cristina Fernández, quien ya se ha pronunciado en reiteradas oportunidades en contra de esta temática.
Quizás por esa razón, la diputada kirchnerista Diana Conti se pronunció para que esta discusión se haga el año próximo, con la nueva composición de la Cámara de Diputados, con aquellos parlamentarios que serán electos en los comicios del 23 de octubre y asumirán sus bancas el 10 de diciembre.
Embarrar la cancha
Pero a la vez, ha sido un retroceso muy grande que luego de un año de convocarse a este debate y habiéndose realizado sólo dos audiencias públicas, en las cuales las dos organizaciones invitadas se pronunciaron a favor de una ley que despenalice el aborto, se convoque a una reunión plenaria de la Comisión, a cuatro semanas de la elección presidencial, para emitir un dictamen. Y no sobre el proyecto que realmente interesa, esto es, sobre la despenalización del aborto, sino sobre la reglamentación de los abortos no punibles.
La periodista especializada en temas de género, Sandra Chaher, opinó que esta actitud del diputado Vega significaba "embarrar la cancha", produciendo en los hechos "un enorme retroceso de las mujeres en el acceso a los Derechos Humanos". En una columna publicada por el diario Tiempo Argentino, el pasado 20 de septiembre, Chaher expresa que el Congreso tiene la posibilidad desde hace ya dos años de debatir con seriedad una legislación que por primera vez le permita a las mujeres acceder al aborto legal, seguro y gratuito, preservando la integridad física y la vida de las mujeres más pobres.
Caso concreto
Finalmente Vega acusó las críticas recibidas y postergó nuevamente la reunión de la Comisión que preside, para el próximo 1º de noviembre, aunque cuestionó que no se quiera debatir temas centrales en épocas electorales.
Cecilia Merchán, diputada nacional por Libres del Sur pero alejada hace unos meses de esa organización, se pronunció por mejores audiencias públicas y que no se mezcle -en obvia alusión a la actitud de Vega- el debate sobre el artículo 86, que ya está legislado y cuenta con una Guía para Abortos No Punibles del Ministerio de Salud de la Nación, con la posibilidad real de despenalizar el aborto.
Esta diputada fue una de las voces más firmes en el Congreso a favor del aborto legal, seguro y gratuito. Es que a los 18 años ella sufrió en carne propia una interrupción de un embarazo, que luego se le complicó y debió ser internada en una clínica privada, con riesgo de ser denunciada ante la justicia. A ella no se lo contaron, y aunque luego su caso sea considerado un número más en una estadística, es seguro que esa experiencia habrá marcado para siempre su visión sobre esta problemática que todos, reconozcámoslo sin hipocresías, hemos tenido delante nuestro alguna vez.
