martes, 24 de mayo de 2011

Informativo Púlsar 23/05/2011

Manuel Zelaya y Porfirio Lobo firman acuerdo para Honduras. El Gobierno peruano ordena desalojar bloqueos en Puno. Exhuman los restos de Salvador Allende.

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lunes, 23 de mayo de 2011

Vecinos de Las Heras cortaron ruta y les impidieron el paso a los Gendarmes

21/05 - 22:45. La zona norte sigue convulsionada por el arribo de Gendarmería Nacional, tal como esta Agencia viene informando desde anoche. Aproximadamente a las 20:30 dos colectivos que transportaban Gendarmes llegaron a Las Heras y fueron detenidos allí por vecinos, docentes y petroleros. Ante la fuerza del piquete, decidieron volver para Pico Trucnado. Hubo cacerolazos en tres ciudades, pidiendo el retiro permanente de Gendarmería de zona norte. Por OPI Santa Cruz



Los colectivos con efectivos de Gendarmería que estaban estacionados en Cañadón Seco (Caleta Olivia), hecho que informáramos este mediodía, viajaron a última hora de esta tarde hacia Las Heras, sin embargo, al llegar al denominado “Acceso 231”, a unos 18 kms del casco urbano de Las Heras, en al acceso al yacimiento de SINOPEC, lugar donde se levantó el primer piquete de ADOSAC sobre la ruta provincial Nº 43, se encontraron con docentes, vecinos y petroleros que en un número apreciable les impidieron el paso a los gendarmes, atravesando sus autos en la ruta; una actitud similar a la que tuvieron anoche, los vecinos de Pico Truncado, cuando no permitieron el paso de este convoy hacia Las Heras.

Estuvieron detenidos allí los dos colectivos y un uniomog y de acuerdo a los expresado a OPI por el docente Javier Fernández “los gendarmes estuvieron arriba del micro, no se bajaron y según nos indicaron, el destino de ellos era Perito Moreno, pero la gente nos les cree y han venido muchos del pueblo para impedirles el paso”, señaló.

Tal como nos fue comunicado hace algunos minutos, el propio Intendente de Las Heras, Teodoro Camino habría llegado al lugar y ascendido al micro para hablar con los jefes a cargo, hecho que pone de manifiesto la preocupación que hay en torno a lo difícil que se encuentra la situación social, con una población absolutamente sensible a la aparición de esta fuerza de choque, que a muchos remite a febrero del 2006, cuando a partir de un reclamo petrolero, se desató una pueblada que terminó con la vida del oficial de policía Sergio Sayago.

Finalmente, los colectivos se volvieron por la ruta 43 rumbo a Pico Truncado, estimándose que podrían volver a Cañadón Seco, donde permanecieron hasta esta tarde. Una información aún no confirmada da cuenta de que el Intendente Camino le habría requerido que le dijeran quién impartió la orden de arribo a la ciudad y le habrían indicado que estaban allí por pedido del Juez Eduardo Quelín.

No a Gendarmería

Por su parte, esta tarde alrededor de las 18:00hs, en Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras, se realizó un cacerolazo espontáneo de la gente, que salió a la calle pidiendo al gobierno nacional y provincial que retire definitivamente la Gendarmería de zona norte. Esta tarde el Gobernador Peralta fue abordado por el periodismo en Río Gallegos, solicitándole que se exprese al respecto y señaló que el gobierno no autoriza ni ha pedido ningún tipo de represión hacia los manifestantes, asegurando que “no se va a reprimir” como algunos sostienen, ya que esa ha sido desde el principio su postura ante el conflicto.

La situación en el yacimiento de YPF “Las Heras 3” se ha complicado en las últimas horas, debido a que desde el miércoles 18 la empresa contratista “OleoSur” ha iniciado medidas de acción directa contra la operadora, ya que, tal como lo refiriera a OPI uno de los trabajadores que se encuentra tomando la planta, el personal no ha recibido el pago de los últimos dos meses de haberes, adeudando sumas que oscilan entre los 23 y 30 mil pesos a cada operario.

Esta situación complejiza aún más el panorama, pues la planta LH3 está tomada por los petroleros en su interior y bloqueado su acceso por el piquete docente. Algunos creen que en realidad la Gendarmería ha sido llamada exclusivamente para desalojar a los operarios petroleros, pues en estos conflictos se temen acciones peligrosas, cierre de válvulas y sabotajes. Otros, sin embargo creen que la Gendarmería “va por todo” y tiene en manos una estrategia para terminar con todos los piquetes de una vez y luego tomar posiciones alrededor de las plantas y yacimientos, de manera que los mismos no vuelvan a ser afectados.

Hay quienes recuerdan los duros conflictos del año 2004 y 2005, con toma de la playas de tanque de Termap en Caleta Olivia, que finalmente terminó con la construcción de un enorme paredón perimetral con alambres de púas en la parte superior, para impedir que la planta sea tomada imprevistamente, cada vez que se genere un conflicto con desocupados o trabajadores petroleros.

Se desarrolla el XIII Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos

Con varias sedes en la Ciudad de Buenos Aires, desde el 19 de mayo se proyectan producciones cinematográficas que celebran la diversidad de la Madre Tierra y denuncian su paulatino aniquilamiento.

En ese sentido, la directora del Festival Florencia Santucho destacó que participan 30 países con más de 70 títulos y resumió las principales características de este encuentro artístico.

Descargar Florencia Santucho

Vendedores ambulantes y militantes sociales procesados por luchar

Vendedores ambulantes y organizaciones sociales marcharon en La Plata para exigir el desprocesamiento de personas que cortaron las vías del tren Roca para exigir mejores condiciones laborales.

Juan Marino, de Tendencia Piquetera Revolucionaria, denunció persecución ideológica en el caso.


Jorge Selser será el candidato a Vice Jefe de Gobierno de Proyecto Sur

El legislador porteño, presidente de la Comisión de Salud, fue el elegido para acompañar a Fernando “Pino” Solanas en las elecciones del próximo 10 de julio.

Además, se anunció que el sociólogo Pablo Bergel será el primer postulante como diputado de la Ciudad de Buenos Aires, secundado por la ex rectora del Colegio Nacional de Buenos Aires Virginia González Gass.

Acompañado por decenas de militantes, Solanas dijo estar convencido que se puede ganar en Capital Federal y resaltó las cualidades del Selser en el ámbito de la salud.

Descargar Pino Solanas

Informativo Púlsar 20/05/2011

Cámara de Diputados rechazó anulación de Ley de Caducidad en Uruguay. Advierten sobre posible rebrote de cólera en Haití. Asambleas argentinas marchan en La Rioja en rechazo a la megaminería.

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sábado, 21 de mayo de 2011

Movilización, poder y legalidad de los Trabajadores Autoconvocados

En el mediodía del miércoles 18, más de 6000 trabajadores de la salud se movilizaron desde distintos puntos de la Provincia a la principal plaza tucumana en reclamo de un salario digno. Por Aporta Herramientas - Boletín tucumano de trabajadores



Después de iniciar la semana con el cierre de los ingresos principales a los Hospitales, de realizar cortes de calles y de ruta, los Trabajadores la Salud le enviaron un mensaje al gobierno provincial llenando la Plaza: el Movimiento de Autoconvocados está unido y dispuesto a luchar hasta conseguir su justo reclamo.

El día comenzó con un paro total y con la concentración de los trabajadores desde temprano en los Hospitales para marchar hacia la Plaza. En alguno de ellos, como en el Centro de Salud, inspectores del gobierno, cual furtivos agentes de servicio secreto de un gobierno dictatorial, pretendieron inspeccionar las carpetas de asistencias de los trabajadores. Estos fueron descubiertos in fraganti por los trabajadores que en la puerta del hospital se concentraban, e invitados a retirarse del mismo al ritmo de los aplausos y del merecido grito de "carneros", debieron huir por una puerta secundaria.

Las amenazas y los aprietes son constantes desde el gobierno, pretendiendo debilitar un movimiento que está que arde arrojándole combustible. El ministro Yedlin, a esta altura del conflicto, es un muerto en vida en lo que a la salud pública se refiere, condenado a errar por el interior de la provincia, inaugurando patéticamente pintura y azulejos en los Caps de algunas comunas, sujeto al desprecio y rechazo de sus “colegas” -con el perdón de los médicos autoconvocados por llamarlo su colega-, y de toda la mayor parte -la que no perdió su dignidad- de la comunidad de la salud pública tucumana.

La ilegalidad del reclamo

Uno de los discursos más repetidos por el gobierno es el de que el reclamo de los Trabajadores Autoconvocados es ilegal por no estar encuadrado a través de un gremio legalmente reconocido. El ministro Yedlin dice que es probable que se realicen presentaciones judiciales contra los autoconvocados. De esta manera, deja al descubierto que lo que comúnmente llamamos como legal en esta sociedad: en la mayoría de los casos, no son más que leyes establecidas desde el propio poder, que le garantizan el sostenimiento de la dominación. Lo legal queda por encima de lo legitimo -en este caso un reclamo salarial-, y cientos de luchas que pretenden subvertir una relación de injusticia son limitadas y acalladas.

Si los trabajadores sobrepasan esa legalidad establecida, por más justos que sean sus reclamos, son “castigados”, llegando incluso a la represión física, como cuando la policía o gendarmería los reprime (Puente Pueyrredon, docentes en Santa cruz, etc). En el caso de los autoconvocados ya tuvimos el ejemplo de los policías actuando en los hospitales y de las sanciones y sumarios a los trabajadores.

El Poder de los Trabajadores

Cuando los inspectores del Siprosa que van a controlar trabajadores tienen que huir corriendo; cuando un director de Hospital es obligado a pararse frente a una asamblea, y los trabajadores le dicen en la cara todas las verdades, le reclaman todos los atropellos e injusticias a la que son sometidos y que día tras día, año tras año, se habían guardado, y aquel solo puede balbucear un par de respuestas sin sentido y agachar la cabeza; cuando el ministro de salud pública no puede pisar los hospitales públicos, y le arman un pequeño circo en algún Caps del interior para que siga haciendo como que cumple sus funciones; cuando los Hospitales se cierran y la plaza se llena de carpas y de miles de luchadores como en la marcha de hoy; cuando todo esto sucede, significa que se está construyendo un cambio muy importante en la relación entre los trabajadores y la patronal, en este caso el estado.

Significa que el espacio público (plazas, hospitales, calles) que el Estado ha expropiado al pueblo y los trabajadores, inhibiendo que estos construyan en él su autonomía y que se cuestione en estos el poder establecido, adquiere por primera vez su dimensión de tal. Lo público cobra vida a través de los trabajadores y el pueblo que lo ocupa y lo utiliza como escenario de sus asambleas y de sus decisiones autónomas. Significa que los trabajadores construyen su propio poder, que es poder-hacer-cambiar una realidad que en la actualidad se manifiesta como injusta. Es un poder democrático y que surge desde las bases, generando espacios que rompen con la verticalidad y autoritarismo de una estructura jerárquica impuesta, que se manifiesta en la organización del poder político -con su representación en la jerarquía de los hospitales- y de los sindicatos burocratizados. Demuestra de manera fehaciente que cuando los trabajadores se organizan, los que pueden ejercer el poder, son ellos.

El poder de los trabajadores y la legalidad

A través de este poder de los trabajadores es como se consigue hacer valer un reclamo justo por sobre los limites que busca ponerle el gobierno a través de la “legalidad”. Este se manifiesta cuando los trabajadores a través de la movilización logran dejar sin efecto una sanción injusta, basada en la “legalidad” de un código disciplinario, como en el caso de las sanciones a los delegados del Hospital Centro de Salud Carim Asus y Jesús Amenábar, o cuando se consigue firmar un acta acuerdo y conseguir un aumento salarial y la desprecarizacion de miles de trabajadores, a pesar de no ser un gremio legalmente reconocido.

Sólo la construcción y organización democrática, respetando y fomentando la participación de las bases, hará posible avanzar en la construcción de ese Poder, que se manifestará en las medidas de lucha necesarias para ganar esta batalla y construir el camino de la futura emancipación de los trabajadores de todo dominio.


Vivienda, desalojos y justicia social

Martín Lozada (RIO NEGRO ON LINE)

Durante el pasado abril, la relatora de las Naciones Unidas por el Derecho a una Vivienda Adecuada, Raquel Rolnik, visitó nuestro país. Entonces sostuvo que el objetivo de su presencia era reflexionar colectivamente sobre el estado de la implementación del derecho a la vivienda adecuada en la República Argentina.

La relatoría de Naciones Unidas fue creada para observar, informar y aconsejar acerca del derecho a la vivienda en el mundo, así como para promover la asistencia y la cooperación a los gobiernos en miras a garantizar mejores condiciones de habitación. Objetivos a ser llevados a cabo como parte de un proceso de desarrollo social en los que la democracia tenga una verdadera dimensión participativa.

Durante su estancia la relatora recordó el carácter operativo de las normas que conforman el derecho internacional. Y ello por cuanto se trata de un sector del sistema jurídico del que surge que una vivienda adecuada es algo más que cuatro paredes y un techo en medio de la nada, sin infraestructura, ni acceso a los servicios mínimos.

Por el contrario, la vivienda resulta componente primario de una vida digna y comprende una serie de factores insoslayables a ser tenidos en cuenta. Entre aquéllos, la efectiva provisión de servicios públicos básicos e indispensables, la cercanía a hospitales, escuelas y otras prestaciones sociales como seguridad pública y vías de comunicación.

Tanto es así que las opciones de residencia que no incluyen tales componentes, así como los programas de vivienda que discriminen de acuerdo con el origen de la persona, sea migrante o nacional, resulten violatorios de los derechos sociales consagrados en la legislación internacional.

Rolnik aprovechó su visita para expresar su preocupación por los desalojos violentos que se están realizando en nuestro país. Al respecto, afirmó que con frecuencia resultan impulsados por el propio Estado y sobre tierras fiscales, sin que una alternativa adecuada de relocalización o compensación le sean propuestas a las familias afectadas.

Frente a la proliferación de causas penales por el delito de usurpación en las cuales suelen requerirse desalojos compulsivos, sostuvo que una legislación procesal que facilite la ejecución de desalojos como medida cautelar, previo al dictado de la sentencia, resulta en numerosas ocasiones violatorias de los estándares internacionales en materia de debido proceso legal.

En ese contexto recordó que aun cuando se considere un desalojo como justificado, lo cierto es que debe ser llevado a cabo en estricto cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos. Entre otras, las que obligan tomar en cuenta los principios generales de necesidad y proporcionalidad de la respuesta estatal en cada caso particular.

El desalojo y quema de viviendas de los Qom, en Formosa; el uso de la fuerza en el Parque Indoamericano; o la acción intimidatoria de grupos de seguridad privada en Ushuaia, afirmó, resultan ser la otra cara de una clase judicial que desatiende de los estándares mínimos de protección y promoción de los derechos fundamentales de la población. Al extremo que, según manifestó, "no conozco otro país donde los jueces ordenen desalojos tan fácilmente, en el marco de medidas cautelares".

La relatora valoró que desde el 2003 el Estado argentino ha intensificado su inversión en materia de vivienda. No obstante lo cual, criticó que el programa se centre en empresas constructoras más que en la acción de las comunidades involucradas.

Según explicó, la crisis habitacional que se arrastra desde hace décadas en nuestro país se agravó en los últimos años debido a que la reactivación económica no se ha visto acompañada por mecanismos de regulación del precio del suelo. De modo que los mayores ingresos de las clases más favorecidas se han trasladado a los precios de venta y alquiler de propiedades, con el consiguiente impacto negativo sobre los sectores de medios y bajos recursos.

Entre tantas afirmaciones y certezas, la visita de Raquel Rolnik dejó también planteado un interrogante en relación con el rol que vienen desempeñando los sistemas penales en contextos marcados por las asimetrías sociales, los incumplimientos estatales y la consiguiente falta de oportunidades para numerosos sectores de nuestras comunidades.

En muchos casos, ellos parecen encaminarse a la manipulación de los medios coercitivos del Estado en pos de proteger órdenes sociales injustos, discriminatorios y expulsivos.

Martín Lozada es Juez en lo Penal - Catedrático Unesco en Derechos Humanos, Paz y Democracia por la Universidad de Utrecht, Países Bajos.

Un año de gestión obrera en la cerámica Stefani

Hoy se realizará un acto en la ciudad neuquina de Cutral Có en conmemoración al cumplimiento de un año de funcionamiento de la fábrica recuperada de cerámica. La misma hacía un año atrás se encontraba inmersa en un conflicto con la patronal, lo cual llevo a que, luego de una larga lucha, pase a estar en manos de los trabajadores.

Omar Villablanca, Secretario General de Trabajadores ceramicos, dio un panorama de la situación actual, y comentó brevemente el funcionamiento que lleva hoy a cabo la fábrica.

descargar OMAR VILLABLANCA

viernes, 20 de mayo de 2011

“Hubo una actitud clara de apuntar contra un grupo”

Pablo Ferreyra, hermano de Mariano Ferreyra, quien fue asesinado el 20 de octubre de 2010, opinó sobre las últimas novedades en la causa que investiga el homicidio de su hermano.

En conversación con H.I.J.O.S., se refirió a la versión de los peritos que indican que la bala que mató al joven militante lo habría alcanzado luego de un rebote.

PABLO FERREYRA, HERMANO DE MARIANO FERREYRA

Agua, cuestión de vida o muerte

Tatiana Martínez Hernández (PL)

El agua, sustancia vital en el planeta, se agota y los genios del capitalismo la convierten en mercancía, debido a lo cual se pronostican grandes conflictos en el futuro inmediato.

Los estudios coinciden en que la vida nació en el agua hace más de tres mil 500 millones de años, y las primeras civilizaciones se desarrollaron alrededor de ríos o lagos.

Hasta el momento es irremplazable la molécula formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno existente en el 71 por ciento de la superficie del planeta.

Sólo el tres por ciento de ella es dulce y de esa ínfima parte apenas el uno por ciento es para uso y consumo humanos.

El desarrollo desigual y la explotación irracional de los recursos naturales provocarán el fin de la especie humana y de la vida, pronostican analistas y políticos.

La sequía en algunas regiones, las inundaciones en otras, las guerras, el cambio climático y la reciente catástrofe nuclear en Japón son apenas momentos de la Apocalipsis al estilo bíblico.

El primer estudio global del Instituto Internacional para el Manejo del Agua (IWMI, según sus siglas en inglés), advierte que el agotamiento incontrolado de las capas acuíferas subterráneas representa una seria amenaza para la seguridad de los alimentos.

En los países en vías de desarrollo, el sistema de riego utilizado en la agricultura depende del agua subterránea y como consecuencia de su disminución y/o contaminación resulta una agravante que refuerza la inseguridad alimentaria mundial. Se espera que para el año 2025, la demanda será el 56 por ciento superior al suministro, y quienes tengan la suerte de contar con reservas serían blanco del poder imperial.

De hecho, la guerra en Iraq tuvo además el objetivo adicional de controlar los recursos hídricos de los ríos Éufrates y Tigris, torrentes caudalosos en una de las zonas más áridas del planeta.

Estos dos accidentes fluviales son motivo de conflicto entre Turquía, Siria e Iraq. Asimismo el río Nilo, cuna de la civilización humana, es la manzana de la discordia entre Etiopía, Sudán y Egipto.

También el Jordán y el Litani, en Oriente Medio, son puntos de las conversaciones en el conflicto israelí-palestino.

Según expertos, Jordania, Israel y los territorios palestinos han agotado casi todos sus recursos acuíferos; y, de hecho, cualquier acuerdo de paz entre Israel y Palestina debe considerar un apartado sobre aguas, para ser aprobado por ambas partes.

La meseta del Golán, territorio ocupado por Tel Aviv a Siria, es un importante reservorio de agua dulce en medio de esa zona desértica.

El actual conflicto armado en Libia, además del crucial componente petróleo, tiene en su trasfondo el dominio de sus recursos acuíferos subterráneos.

Con el crecimiento poblacional mundial, cercano a seis mil 800 millones de habitantes, aumenta la demanda en la utilización del recurso en la industria (farmacéutica, cosméticos, alimenticia y textil, entre muchas otras).

En la actualidad existe un debate ético entre quienes defienden al agua como bien social relacionado con el derecho a la vida y aquellos que lo asumen como un negocio multimillonario.

El analista Edmundo Fayanás publicó en el sitio Rebelión que en medio de esta fiebre por el "oro azul" ha surgido una industria cuyo valor rondó, según estimaciones del Banco Mundial, el billón de dólares, en el año 2001.

Entre las principales industrias del sector, se encuentran las corporaciones multinacionales con fines lucrativos, que ofrecen servicios hídricos o venden agua embotellada, logrando grandes beneficios, apunta Fayanás.

El agua, como la sonrisa, no debe tener precio. Pero el antiguo dicho de que "aquí no se cobra el agua" es pura fantasía para los especuladores del líquido vital.

Para el liberalismo económico, se trata de un bien comercial, como el petróleo, un auto o una prenda de vestir, y, aunque el acceso a ella es una necesidad, no la considera un derecho humano esencial.

Todo lo contrario a lo estipulado en la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, el 28 de julio de 2010, que reconoce al agua potable y al saneamiento básico como derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida.

Dicha resolución fue adoptada a iniciativa de Bolivia, tras 15 años de debates, e impulsada por una activa campaña liderada por el presidente de ese país suramericano, Evo Morales.

En tanto fuente de vida, es también consecuencia de la muerte de millones de personas por enfermedades relacionadas con su consumo contaminado, sobre todo en el África subsahariana. Beber agua no tratada causa cinco millones de muertes al año, según informes de Naciones Unidas.

Pero aproximadamente mil millones de personas carecen del servicio de agua potable y más de dos mil 600 millones no disponen de acceso al saneamiento básico.

Reducir para el 2015 en el 50 por ciento el número de personas sin ella se contempla como una de las Metas del Milenio de la ONU, aspiración que está lejos de alcanzarse, pero incluso si así fuere se calcula que aún quedarían alrededor de 500 millones sin la posibilidad de acceder a ella, y más de mil millones carecerían de un adecuado sistema de saneamiento.

La Organización Mundial de la Salud estima que la adopción de políticas de agua segura podría evitar la muerte de un millón 400 mil niños al año, víctimas de la diarrea.

Pero los esfuerzos actuales son insuficientes para conservar y aprovechar el recurso natural que generó vida y que se convierte hoy en causa de especulación, conflictos y muerte.

Medicamentos, democracia y salud colectiva

Ricardo Peidro

Los recientes anuncios del Gobierno sobre Ley de Trazabilidad de los Medicamentos para enfrentar tardíamente el uso de medicamentos-tratamientos falsos con los conocidos negociados de troqueles, reintegros, redes de corrupción sistemática, y la compra consolidada de fármacos del PAMI-Ministerio de Salud de la Nación (auditados por Desarrollo Social) instala un siempre postergado (evadido sin duda) y necesario debate sobre los medicamentos en la Argentina.





Estos anuncios continúan consolidando la idea de legislar por "retazos" sin la integralidad necesaria de una política pública y seguir postergando lo que nuestro país sigue careciendo: una Ley Nacional de Medicamentos que pueda plasmar qué política pública de uso racional de medicamentos asumiremos con un código de ética claro, las regulaciones hacia la industria y mercado farmacéutico, el rol del Estado en tanto regulador como productor testigo y la participación de la sociedad civil en estas decisiones en función de garantizar el derecho a la salud de nuestro pueblo.

Desde el 2003 hasta este 2011 el mercado farmacéutico en Argentina paso de facturar 5.245.251 en 2003 a 19.201.602 millones de pesos anuales en el último año (2010-2011). Si uno analiza el crecimiento en términos de unidades vendidas (incremento del 53% del 2003 al 2010) salta a siemple vista que fue mucho menor que el crecimiento de la facturación (incremento de más del 250%). ¿Y entonces cómo se explica este crecimiento initerrumpido en ganancias cuando creció comparativamente mucho menos la venta por unidades desde el 2003 en adelante?: simplemente por los aumentos discrecionales de precios y ampliación de los márgenes de ganancias de los propios laboratorios.

La composición del mercado farmacéutico actualmente con supuesta preminencia de laboratorios nacionales (61,4%) por sobre los laboratorios extranjeros (38,6%), sólo nos dice que la industria tanto nacional como multinacional en nuestro país tiene pautas de comportamiento oligopólicas bastante similares y que existen nichos de "ganancias extraordinarias" que nadie desde los gobiernos a cargo del Estado se le ocurrió preguntar, controlar o conocer. Casi diríamos un Estado como espectador, o bien, como socio garante de rentabilidades exorbitantes dejando a la ciudadanía como rehén de las corporaciones farmacéuticas.

La supuesta "épica" de enfrentar las corporaciones, hasta el momento no se vio en el campo de la salud colectiva y menos en el mercado farmacéutico. Vayamos a ejemplos concretos de los márgenes de ganancias entre el costo de la droga para el laboratorio y la venta en farmacia en algunos fármacos de uso frecuente en nuestra población que según un estudio de nuestro Instituto de Politicas de Salud de la Asociación Agentes de Propaganda Médica a(AAPM-CTA):

- Omeprazol (Losec -Astra) tiene un márgen de ganancia del 33.130 %.
- Diclofenac sodico (Voltaren - Novartis) tiene un márgen de ganancia del 27.223%.
- Diazepan (Valium - Roche) tiene un margen de ganancia del 20.141%.
- Amlodipina (Cardiorex - Bagó) tiene un margen de ganancia del 9.649%.
- Enlapril (Renitec -MSD) tiene un margen de ganancia del 5724%.
- Enlapril (Lotrial - Roemmers) tiene un margen de ganancia del 4263%.
- Bromazepan (Lexotanil - Roche) tiene un margen de ganancia del 2258%.
- Ranitidina (Zantac - Glaxo) tiene un margen de ganancia del 2874%.

El mismo estudio marca que si hacemos una comparación entre costos de un mismo medicamento a cuánto se comercializa en Argentina con España vemos que:

- El medicamento del Laboratorio Schering Plough llamado Remicade (monodroga infiximab) en Argentina se vende a $ 10.069,60 pesos, y en España a sólo $ 3695,28 pesos.
- El medicamento del Laboratorio Novartis llamado Glivec (monodroga Imatinib) en Argentina se vende a $ 24.560, 30 pesos, y en España a 7738,50 pesos.
- El medicamento del Laboratorio Biogen llamado Avonex (monodroga Interferon beta 1a) en Argentina se vende a $ 22,396,20 pesos, y en España a $ 5564,40 pesos.
- El medicamento del Labotatorio Roche llamado Avastin (monodroga Bevacizumab) en Argentina se vende a $ 18617,30 pesos, y en España a $ 8291,70 pesos.
- El medicamento del Laboratorio Pfizer llamado Somavert (monodroga Pegvisomant) en Argentina se vende a $ 49169 pesos, y en España a 18539, 10 pesos.

En la década de los ´90 mientras tenía vigencia la convertibilidad (1-1), los laboratorios se comportaron como época hiper-inflacionaria con un incremento acumulado en esos años de un 150%. Llevando incluso en que declararan "zonas inviables" para sus negocios ya que no había ni médico que lo recetaran, ni farmacia que lo vendiera ni usuarios que lo pudieran comprar. En este contexto, se perdieron más de 1200 puestos de trabajo APMs.

Podríamos seguir dando más y más ejemplos que en Argentina se sigue insivilizando en lo que refiere a medicamentos una situación sumanente irregular, con negocios inmensos de mercado oligopólicos y matrices de corrupción graves.

En este contexto, la negociación paritaria de los visitadores médicos con la industria farmacéutica una vez más nos encuentra con una lucha frente a un sector con ganancias extraordinarias pero que se niega a reconocer las necesidades y demandas de los trabajadores de AAPM. Un Ministerio de Trabajo de la Nación que no puede garantizar ni siquiera la presencia de paritarios patronales. Incluso desde la recuperación de la democracia, con gobiernos espectadores y garantes de negocios. De los grupos económicos, claro.

Si queremos una democracia que sea garante del derecho a la salud, necesitamos dejar de ocuparse sólo de "multiplicar propaganda heroica" y profundizar un debate que realmente busque avanzar hacia un Estado nacional que responda a las necesidades colectivas de nuestro pueblo y los trabajadores. El exorbitante precio de los medicamentos en Argentina que incluso afecta directamente nuestras fuentes de trabajo, las formas de comercialización prebendaria muchas veces, la discrecionalidad de las corporaciones farmacéuticas y el rol del Estado como espectador garante de negocios privados, ratifica que es imprescindible construir una democracia que garantice el derecho a la salud y la cobertura-acceso a medicamentos de calidad como un bien social para los que lo necesiten.

El relato "épico" una vez más se da de patadas con la realidad y las necesidades de los trabajadores y nuestro pueblo. Necesitamos una política nacional de medicamentos basada en el uso racional y promoción científica de los fármacos, con regulación de precios y control efectivo del Estado junto a los trabajadores y la sociedad civil hacia la industria farmacéutica. El tiempo pasa, las respuestas siguen sin aparecer.

Ricardo Peidro es Secretario Adjunto de la CTA.