Una es que los acreedores estadounidenses que reclaman ante la justicia de Nueva York, los llamados Fondos Buitres, no aceptaron la propuesta del gobierno argentino. Esta consistía en pagar bajo las mismas condiciones a quienes ingresaron al canje de deuda del 2005 y del 2010. Falta aún la decisión que asuma la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Nueva York, restando en caso de pronunciamiento negativo, el intento por acceder a la Corte Suprema de EEUU, o entrar en cesación de pagos, sea por la demanda de los acreedores ahora en litigio, y la que impulsarán todos los que aceptaron los canjes y se sentirán discriminados. En el peor de los casos, el cálculo de la nueva deuda emergente de esta posibilidad es superior a la totalidad de las reservas internacionales de la Argentina.
La otra cuestión es que el Parlamento argentino acaba de aprobar, a instancia y petición del poder ejecutivo nacional, una ampliación del capital de la Argentina en el FMI cercana a los 5.000 millones de dólares. Esta capitalización en el organismo internacional no supone disposición de divisas o reservas, ni tiene impacto fiscal o monetario, pero facilita el acceso del país al crédito del FMI, es decir, habilita mayor endeudamiento, por lo menos el doble de la posición actual. El argumento oficial para la capitalización, ampliamente aprobada por los legisladores, con muy pocas excepciones, remite a un acuerdo con otros países, caso de Brasil, para incidir en la toma de decisiones del organismo. De este modo, los países que capitalizan estarán en condiciones de mejorar relativamente la capacidad de votación en el organismo internacional, algo que se conoce como modificación de la arquitectura financiera internacional. Vale aclarar que las capitalizaciones de los diferentes países, en ningún caso modifican el poder de veto que de hecho tiene EEUU en la dirección del FMI y que le otorga la hegemonía en la dirección.
Es evidente que la Argentina sigue incorporada al FMI por múltiples motivos, más allá de las críticas discursivas que recurrentemente se le hacen. Es que no solo Argentina es miembro del FMI y por eso acepta las reglas del juego sobre la capitalización, y con ello la posibilidad de incrementar el endeudamiento, con las gravosas consecuencias que la deuda pública tiene sobre la política económica; sino que también la Argentina participa junto al FMI del Grupo de los 20, máxima articulación informal de los gobiernos de los países que deciden, principalmente EEUU, Europa y Japón más las nuevas estrellas del sistema mundial, los denominados emergentes, especialmente China y el vecino Brasil.
Argentina sigue atrapada en las redes de la deuda, aún con la política de desendeudamiento. Pese a los cuantiosos pagos, la deuda se incrementa y puja por incrementarse aún más, condicionando toda decisión de política económica. Hace poco comentamos como en el mismo momento que la inundación mostraba los límites de los recursos públicos, no solo para prevenir el desastre, sino para compensar la tragedia de miles de familias desposeídas por la inclemencia del agua, el BCRA autorizaba la disposición de 3.500 millones de dólares para cancelar acreencias con organismos internaciones.
La crítica al orden neoliberal es sostenida, tanto como a los organismos internacionales, los que viabilizaron y viabilizan esas políticas en la actualidad, pero la deuda siempre está. La deuda es un fuerte condicionante de la política económica local, con derivaciones múltiples ejecutada por la institucionalidad financiera contemporánea, tal el caso del CIADI, ámbito del Banco Mundial para defender la seguridad jurídica de los inversores externos. En tiempos en que se discute la reforma a la Justicia, bien valdría discutir la subordinación estructural a la justicia de otros países, que permite y facilita se litigue contra el país, en Ghana o en Nueva York.
La soberanía es un concepto a recuperar en compañía de acciones impulsadas con países vecinos, algo que la Argentina puede hacer retirándose del CIADI, o investigando la deuda. Ambas iniciativas han sido realizadas con éxito por algunos de los países con que Argentina privilegia sus relaciones externos, como Brasil, Bolivia, Ecuador, o Venezuela.
