A un año de la muerte de Ezequiel Ferreyra

El 16 de noviembre se cumplirá un año de la muerte por cáncer de Ezequiel Ferreyra, víctima, desde los cuatro años, del trabajo infantil en la empresa avícola Nuestra Huella. Ezequiel, de 6 años, era explotado entre el guano y la sangre de las gallinas y frecuentemente manipulaba agrotóxicos peligrosos para la salud. A pesar de la trascendencia e indignación que generó la muerte de este niño, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, dictó el sobreseimiento a las dueñas de la empresa. Mañana a las 11:00hs, La Alameda convoca a una concentración en las puertas del Juzgado Federal de San Martín “para pedir la revocatoria a los sobreseimientos y las garantías de que se investigará con imparcialidad y habrá juicio y castigo a los culpables”.

A un año de la muerte de Ezequiel Ferreyra, pedimos justicia ante la Cámara Federal de San Martín

El 12 de octubre pasado el Juez Federal de Zarate-Campana, Adrian Charbay, resolvió sobreseer a los dueños de la empresa avícola Nuestra Huella(Leticia Luace, Alejandra López Camelo y Lucia Peressa) por los delitos de trata de personas y contaminación del suelo de un modo peligroso para la salud.

Días antes, el Juez Charbay rechazó la causa 2199/08 que le remitiera el Juzgado de Garantías en lo penal de Campana en la que se acreditaba luego de tres años de investigación, la reducción a la servidumbre, el trabajo infantil y la trata de personas con fines de explotación laboral en Nuestra Huella. El Juzgado provincial se declara incompetente una vez que prueba la trata y remite las actuaciones como corresponde al Juzgado Federal que ya entendía en otra causa sobre trata de personas en la misma empresa. Sin embargo, Charbay rechaza el expediente, desestima lo que otros jueces ya juzgaron y se saca de encima las contundentes pruebas, para luego facilitar el sobreseimiento de los directivos de la empresa.

La Alameda como querellante de las victimas apela el sobreseimiento y también apela el rechazó de Charbay a la causa que le envía el Juzgado penal de Campana. Charbay rechaza la segunda apelación y la Alameda vuelve a presentar un recurso de queja ante la Cámara Federal de San Martín que ahora concentra en sus manos la resolución de las dos causas que investigan a la empresa.

El 16 de noviembre se cumplirá un año de la muerte del niño de seis años,Ezequiel Ferreyra, víctima del trabajo infantil desde los cuatro años en esa empresa, donde era explotado entre el guano y la sangre de las gallinas y donde frecuentemente manipulaba agrotóxicos peligrosos para la salud. El caso de Ezequiel recorrió el mundo porque, cuando apenas cumplía cuatro años, la Alameda y el MTE lo habían filmado trabajando junto a otros niños en agosto de 2008.

La empresa avícola Nuestra Huella que dirigen Leticia Luace y Alejandra López Camelo posee setenta granjas en la zona norte de Buenos Aires y Córdoba en la que explota a destajo a familias pobres que trae del exterior y del norte de nuestro país con mecanismos de trata y tráfico de personas. La Alameda-MTE han logrado acreditar con testigos y filmaciones desde el 2008 numerosos casos de trabajo esclavo e infantil, incluso en el 2011.

En marzo de 2008, un allanamiento del Juzgado Penal de Campana encontró en una de las granjas a los trabajadores y niños esclavizados, en viviendas precarias, entre el veneno, la sangre y el guano y rodeados de una alambrada electrificada para que no se escapen del lugar. Así comenzó la causa que acreditó la trata y que el Dr Charbay no quiere recibir. En Agosto de 2008, las imágenes de los niños trabajando en varias de esas granjas que hicieron la Alameda y el MTE recorrieron el mundo. Un mes después, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires multó a la empresa en un millón de pesos por detectarle trabajo infantil en 30 granjas.

La evidencia recogida en el 2008, más una investigación propia realizada por la Fiscalía Antitrata Nacional que preside el Dr Colombo, derivó en una denuncia contra la empresa por trata de personas ante el Juzgado Federal de Charbay.

Tiempo después, otra investigación de octubre de 2010 del INADI que fue remitida al Juzgado de Charbay, también acreditó la trata de personas en la empresa.

El 24 de mayo de este año, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó el informe de la relatora especial sobre trata de personas, Joy Ezeillo, acerca de la Argentina en la que se destacan en varios párrafos la escandalosa impunidad de los directivos de Nuestra Huella ante el cúmulo de pruebas reunidas en su contra.

No es un dato menor que la presidenta de la empresa, Alejandra López Camelo, es la prima del actual Intendente de Pilar, Humberto Zuccaro, Tampoco que su cuñado, es el titular de UATRE local, Jorge Herrera. La complicidad de la intendencia y del sindicato local que tendría que defender a los trabajadores explotados con la empresa esclavista fue demasiado evidente todos estos años. Varias grabaciones donde un dirigente local de UATRE ofrece dinero a las víctimas a cambio de que levanten las denuncias fueron presentadas ante la justicia y los medios por la Alameda. La Intendencia local siempre minimizó las denuncias y el ex intendente de Pilar, Sergio Bivort, patrocinó durante años a los directivos de la firma.

En este marco de complicidad y encubrimiento se inscribe el accionar completamente arbitrario del Juez Federal Charbay que nunca quiso unificar las causas, que rechazó la del penal de Campana cuando este acreditó la trata y que sólo se limitó a hacer “como si” fuera a hacer justicia cuando la muerte de Ezequiel conmocionaba al país, esperando pacientemente que bajara la marea mediática, para dejar a todos los directivos impunes.

Los trabajadores denunciantes, junto a la Alameda y el MTE, no sólo han apelado los últimos fallos de Charbay, sino que además se movilizarán mañana miércoles, a un año de la muerte de Ezequiel, ante la Cámara Federal de San Martín para pedir la revocatoria a los sobreseimientos dispuestos por el Juez Federal y las garantías de que se investigará con imparcialidad y habrá juicio y castigo a los culpables.

Los esperamos este miércoles 16 a las 11 hs en las puertas del Juzgado Federal de San Martin, ubicado de Guemes 3053.

Contactos:

Gustavo Vera 1561584835 (La Alameda)

Juan Grabois 1563843877 (MTE)

Mario Ganora abogado de la querella (1558830233)

La esclavitud infantil continúa en las granjas del terror

Por La Alameda

Escrache a la Galería Rustique

RED DE PROSTÍBULOS


(AW) El viernes pasado a las 18:30 hs. frente al edificio de la Galería Rustique, Av. Santa Fé 1126, esquina Cerrito, la Alameda y el MTE realizaron un escrache a la red de proxenetismo con 33 prostíbulos que funcionan en un mismo edificio con la protección de la comisaría 15 y funcionarios judiciales y municipales. Dos inmobiliarias regentean el negocio y además en algunas unidades hay tráfico de estupefacientes, menores y migrantes explotadas. Se realizó de la denuncia penal en Comodoro Py.



Ver video de La Alameda
Buenos Aires, 26 de agoso de 2011 (La Alameda).-

Comunicado:La Fundación Alameda radicará esta mañana una denuncia penal y por la tarde un escrache en pleno microcentro porteño por un edificio que fue copado por la mafia proxeneta. Un total de 33 prostíbulos se instalaron en departamentos bajo el formato de "privados" y funcionan hoy en el edificio ubicado dentro de la galería Rustique, sita en avenida Santa Fé 1126/42 casi Cerrito, en pleno Barrio Norte. 


La Galería Rustique es tristemente conocida porque en el año 1997 fue allanada por existir un prostíbulo en su subsuelo conocido como "Partenaire", propiedad del señor Carlos Perciavalle, compadre del juez federal porteño Norberto Oyarbide, quien formaba parte de una red de trata y prostitución que había traído mujeres de origen dominicano a la República Argentina generando una causa penal que implicó al magistrado, en ese entonces suspendido en el cargo, y a agentes de los servicios de inteligencia, como Raúl Martins, y altos jefes de la Policía Federal en ese momento de la llamada División Seguridad Personal.


La Fundación Alameda recibió el testimonio de los vecinos y el consorcio del edificio de la Galería Rustique que denuncian la existencia de esta basta red de trata y explotación sexual con presencia de menores y venta de drogas, que contarían con la protección de funcionarios de la Policía Federal. 


A su vez los vecinos y el consorcio aseguran que reapareció en escena Carlos Perciavalle (de quien Oyarbide fue padrino de bautismo de su hijo) con la propuesta de reinstalar el prostíbulo en el subsuelo concentrando toda la explotación sexual dispersa hoy en 33 departamentos de todo el edificio. 


En una investigación propia fue comprobado in situ el proxenetismo, la explotación sexual de argentinas y extrajeras, algunas que se presume menores de edad, y ello fue ratificado por las publicidades mediante volantes callejeros, páginas webs prostibularias y a su vez con llamados telefónicos a los "privados" que fueron grabados para ser entregados como prueba a la justicia. A su vez adjuntamos a la justicia la última liquidación de expensas comunes del edificio donde constan los nombres de los propietarios de los inmuebles denunciados.


Gran parte de la red prostibularia cuenta con el beneplácito para instalarse de dos inmobiliarias,llamadas Erica Meurer ubicada dentro de la propia Galería Rustique, más precisamente en el piso 6 Of. 110, y la Inmobiliaria Carlos Rivera sita en Esmeralda 629, Piso 9°, Depto. "J". 


Estas inmobiliarias son acusadas de cobrar excesivos precios, hasta cuatro veces más, a los "privados". La instalación de prostíbulos trae aparejado además de la explotación y sometimiento sexual, los escándalos con hechos de violencia constante ya que en algunos departamentos "vale todo", ya que se ofrecen varones (sean taxi boys o sean travestidos), mujeres mayores o menores, hasta drogas, dejando a los pasillos del edificio en virtuales cuadriláteros sobre todo por las noches y los fines de semana.

Ante ello es que la denuncia penal radicada este viernes 26 por la mañana en los tribunales federales porteños de la avenida Comodoro Py se resalta la particularidad inoperancia de la Comisaría N° 15 de la Policía Federal Argentina.

¿Zaffaroni no sabía?

La Fundación La Alameda denunció penalmente 613 prostíbulos en la Ciudad de Buenos Aires. Lo hizo ante la Procuración General de la Nación, la UFASE, la Justicia Contravencional de la Ciudad y la Agencia Central Comunal . El tema tomó estado público al comprobarse que algunas viviendas que funcionaban como prostíbulos, eran propiedad del Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni.

Por su parte, Zaffaroni reconoció tener 15 propiedades, todas en blanco, declaradas y sin problemas legales, pero dice no tener idea de quiénes son sus inquilinos. Ante esta situación, la diputada nacional por la Coalición Civica, Fernanda Gil Lozano pidió el juicio político.

Juan Grabois, abogado de la Fundación La Alameda, explica de qué manera procederán ante esta situación de denuncias e intimaciones hacía el juez de la corte suprema.

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Carta abierta a Victor Hugo Morales

Contra explotación 

(AW) La Alameda y el MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos) publican esta carta a Victor Hugo luego de que el periodista recibiera a Eugenio Zafaroni, juez de la Corte Suprema de Justicia y dueño de uno de los departamentos denunciados por estas organizaciones como citios donde se explotan a migrantes.

Estimado Víctor Hugo:

Ante nada, nuestro respeto y admiración por tu labor periodística. Ya nos conocemos, de hecho formás parte de nuestro video "institucional" titulado por una sociedad sin esclavos ni excluidos. Creemos que sabes que no integramos ningún sector "desestabilizador" o "conspirativo", somos organizaciones que luchamos consecuentemente contra la injusticia social desde la más absoluta independencia.

En 2009 presentamos una denuncia ante la UFASE señalando la existencia de 613 prostíbulos bajo la modalidad de "privados" donde -con complicidad policial federal y metropolitana- se explota la prostitución ajena de menores y migrantes, en abierta violación a la ley de profilaxis y los tratados internacionales de derechos humanos. Uno -sólo uno- de estos departamentos resultó ser del juez Eugenio Zaffaroni y saltó por la exposición pública del personaje. Allí, seis hermanas paraguayas son sometidas de manera sistemática e impune aún hoy. Lo mismo ocurre en los otros 612 "privados"... ya pasaron dos años, nada se hizo, es la justicia federal, algo está fallando.

Nos sorprende la reacción del Juez ante la difusión de la noticia. Se victimiza, ironiza, se hace el canchero, se lava las manos. No dudamos que su señoría no tenía conocimiento de la utilización que los explotadores le daban a su departamento. No obstante, su responsabilidad por la administración negligente de sus bienes es evidente y debe reparar los terribles daños en los cuerpos lacerados y las psiquis destrozadas de las mujeres que durante al menos dos años fueron salvajemente explotadas en su departamento.

Es el principio jurídico de la "responsabilidad objetiva". Zaffaroni lo conoce, lo enseña y lo aplica en sus fallos. La responsabilidad objetiva se configura independientemente del conocimiento que tenga el propietario o poseedor de un objeto cuando éste produce un daño. Es el mismo principio que opera si le prestas el auto a un amigo y tu amigo choca: tenés que indemnizar a las víctimas, te tenés que hacer cargo de lo que sucedió.

En este caso, no se trata de un accidente... mucho menos, como dice el juez, de "un problema de consorcio": estamos ante una clara violación a los derechos humanos protegidos por tratados con rango constitucional que él dice y debe defender. El Juez -como hombre de honor y de derecho- en vez de victimizarse y manifestar suelto de cuerpo "que hagan la denuncia si creen que hay un delito", debería disculparse con la sociedad, rescindir el contrato, denunciar penalmente a los proxenetas e indemnizar a las víctimas. Asimismo, debería tomar conocimiento del defectuoso accionar de la UFASE y los fiscales federales que no aplican el derecho en defensa de las víctimas de trata y explotación sexual.

No hacemos complots los que pensamos que Shocklender tiene que estar preso por robarle a los pobres, no somos desestabilizadores los que luchamos contra la mafia esclavista amparada por el poder, no somos "la opo" los que denunciamos "Las Casitas" de Río Gallegos... a veces, la megalomanía y la falta de autocrítica justifica las peores atrocidades. Siempre se puede argumentar que es un complot del establishment contra los buenos. Sin embargo, los títulos que pusieron los medios y el conflicto de intereses que expresan no son el problema central sino la violación sistemática a los Derechos Humanos que constituye la trata y la explotación de la prostitución ajena que ni el Poder Judicial ni el Ejecutivo han abordado con la seriedad que requiere.

Gustavo Vera
LA ALAMEDA
Juan Grabois
MTE

El negocio de la trata en Santa Cruz

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia en Santa Cruz, dio vía libre a la reapertura de los burdeles que funcionan en la zona roja de la ciudad de Río Gallegos, conocida como Las Casitas.

Gustavo Vera, titular de la fundación La Alameda explica la situación.

descargar GUSTAVO VERA

Nuevas denuncias por delitos ambientales en el Riachuelo - Matanza cuando la corte evalúa el saneamiento de esa cuenca hídrica

(AW) Miembros del MTE, Fundaciones la Alameda y Che Pibe se movilizaron hoy al Palacio de Tribunales para efectuar una denuncia contra varias empresas que arrojan contaminantes a la Cuenca Matanza Riachuelo que afectan a vecinos de Villa Fiorito y Villa Caraza.

 

Nota con audio

La columna llego a Talcahuano 550, y realizo un acto donde se manifestó el repudio a la contaminación ambiental que hacen las empresas denunciadas y las consecuencias que sufren los vecinos. Entre los oradores participaron Diego López (MTE - Barrio Acuba); el Polaco (Miembro del MTE); Marcelo Soto (Barrio 10 de Enero); Sergio (Fundación Che Pibe); Sergio Sanchez (MTE - Vecino de Villa Fiorito); Aimara (Barrio "Campo Tongui" 17 de Noviembre); Gustavo Vera (Fundación La alameda), Brian (Nene de la Fundación Che Pibe - Villa Fiorito)  y Juan Grabois (MTE).

Se recuerda que el pedido se hizo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Juez Federal de Quilmes en momentos que se llevaba a cabo la Audiencia (4º piso -Sala de Audiencias) por el saneamiento de la cuenca Riachuelo Matanza, fallo "Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios -Daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza Riachuelo".

El escrito entregado indica: "En el carácter invocado venimos a formular denuncia por los delitos previstos y reprimidos en los arts. 55 de la ley 24.051, 205 y 248 del Código Penal de la Nación en concurso real entre sí (art. 55 C.P.), contra los directivos de las empresas SADESA SA (cueros, factura más de 1000 millones de pesos al año), CONTE TODO SA (residuos peligrosos), CAIMLO FERRON SA (agroindustrial), contra el titular de la División Delitos Ecológicos de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, contra el titular de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo, contra el intendente de Lomas de Zamora, contra el intendente de Lanús y contra el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, como aquellas autoridades que pudieran ser responsables en carácter de autor, cómplice o encubridor por los hechos que a continuación se describen. Asimismo esta acción persigue que se obligue a los denunciados a que cesen de contaminar el ambiente de la Cuenca Matanza Riachuelo y de infringir las normas tendientes a la evitación de una epidemia, poniendo en peligro la salud pública mediante el mantenimiento de caños vertedores de desechos industriales...".

Tras el acto una comisión integrada por Juan Grabois, Diego López y Gustavo Vera pudo ingresar hasta el (4to. Piso) despacho del Ministro de la corte suprema Ricardo Lorenzetti y dejar a la secretaria dos copias de la denuncia con videos testimoniales.
A la salida, una vez comunicado lo sucedido se dio por finalizado el acto con la advertencia de volver a manifestar sino se atiende al reclamo.


Algunos datos

Según informes de asociaciones ecologistas nacionales, extranjeras, y aun del propio estado argentino, indican que es uno de los ríos más contaminados del mundo. La contaminación de la cuenca Matanza Riachuelo alcanza niveles críticos en los cursos medio y bajo del río, que trae consecuencias directas sobre la salud y la calidad de vida de los habitantes de la zona. El abandono, la desidia o la imprudencia convirtieron al río y a esta zona en un símbolo de injusticia ambiental. Afecta a más de 5 millones de habitantes en su recorrido que atraviesa 14 municipios junto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se alerto más del peligro a partir de la demanda interpuesta por un grupo de vecinos en el 2004 contra el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y casi medio centenar de empresas por los daños y perjuicios ocasionados por contaminación del Riachuelo. Es así que en el 2006, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se declaró competente en la causa e intimó a los demandados a que presenten un plan de saneamiento de la cuenca. Tras esto en julio de 2008, la CSJN dicto sentencia y ordenó a los tres Estados demandados a sanear el Riachuelo. Desde distintas Ongs se recomendó planificar acciones progresivas con producción limpia con el fin de recomponer el ambiente de la cuenca a niveles de contaminación con vertido de fluentes a cero. (Foto - Audio - Informe Americo Balbuena)
 


Escuchar audio de Juan Martin Carpenco (Movimiento de Trabajadores Excluidos - MTE)



Escuchar audio del acto frente al Palacio de Tribunales

Organizaciones manifestaron contra la Inspección General de Justicia paralela

Miembros de la Fundación Alameda, el MTE y la Coalición Argentina contra la Trata y el Tráfico de Personas se movilización el viernes pasado hasta la Inspección General de Justicia para denunciar la existencia de una IGJ Paralela que cajonea expedientes de ONGs que luchan contra el trabajo esclavo, la corrupción o la trata de personas. Se fueron con el compromiso de la entrega de matrícula para la semana que viene. Por Agencia Walsh (AW).

La ruidosa marcha llegó hasta Paseo Colón 285, sede de la Inspección General de Justicia para hacer escuchar su reclamo. Una comisión integrada por Gustavo Vera (La Alameda) y Juan Grabois (MTE) ingresó al edificio y se entrevistó con Pablo Larrañaga, quien informo que para la semana que viene saldría el trámite de inscripción solicitado. Luego se supo, que durante el encuentro Larrañaga se comunico telefónicamente con el responsable de la IGJ, Dr. Marcelo Oscar Mamberti - Inspector General de Justicia -, quien se halla de viaje por el sur del país y dio instrucciones para acelerar lo requerido por las organizaciones.

Los entrevistados por la (AW) coinciden en manifestar que al negar la inscripción se impide acceder a expedientes judiciales o documentos que permiten hacer un seguimiento de las causas denunciadas. Esto hace paralizar la acción de las organizaciones como por ejemplo la Fundación la Alameda que es querellante en 140 causas penales contra esclavistas, tratantes, proxenetas y funcionarios corruptos. Y finalmente la consecuencia es que los acusados logran sobreseimientos escandalosos a escondidas de la sociedad, y que vuelven a ingresar a ese circuito ilegal con la misma impunidad.

En diálogo con la Agencia Walsh Sara Torres (Coalición Argentina contra la Trata y el Tráfico de Personas), indicó: "Desde el año 2004 que iniciamos los trámites hasta el día de hoy no tenemos respuesta y permanentemente hay que hacer un papelito más, uno menos. Que no trajimos tal cosa, que si la trajimos, no nos contestan. Nos hicieron hacer tres veces la misma cosa de distinta forma".

¿Hablaron con alguien?

Todo el tiempo. Vamos a legales, hablamos con una contadora que nos atiende muy amablemente, pero nunca se entiende lógicamente el trámite.

¿Esto pasa en otras organizaciones?

Lo que nos dimos cuenta era que algunas sacaban su registro de la IGJ como sociedad civil en 6 meses. Un año tranquilos, dos años y después seguimos; ya estamos por los 7 años. Empezamos a ver que hay un montón de asociaciones que salen fácilmente, además muchas las hacen estudios contables que tienen más conexión con la gente de acá, que la sociedad civil que somos nosotros. Entonces salen los otros números y los nuestros nunca. Siempre termina en archivo, pagamos vamos a archivo, desarchivamos el expediente, agregamos el papelito que nos dijeron.

¿Y quiénes son los funcionarios implicados en esto?

Yo no sé. Nosotros solo vemos a los empleados que nos atienden e intentan ser lo más amables posibles, pero en concreto el expediente no sale.

Por su parte Gustavo Vera (Fund. La Alameda) explicó a la (AW): "Nos están bicicleteando con la personería a pesar que tenemos todo en regla, algo que ha reconocido hoy Larrañaga, que es el 2do de la IGJ. Y nos están bicicleteando porque hay una orden política. Hay una orden política de que las Ongs que combaten el crimen organizado se les haga huevo con la matrícula para que no puedan ser querellantes en las causas; y cada vez que investigan o denuncian algo no puedan tener acceso a los expedientes y seguir el trámite judicial para que se imparta justicia. Eso por un lado. Pero por otro lado, esas misma cueva que censura y proscribe a las organizaciones que luchan contra el crimen organizado son las mismas que habilitan con una facilidad extraordinaria sociedades off shore donde se esta lavando el dinero en forma escandalosa. Hoy nos han reconocido que en el año y medio que está de gestión el actual titular de la IGJ no hubo un solo reporte de operaciones sospechosas a ninguna de las sociedades off shore que se han habilitado acá. Lo cual es un emporio de lavado de características gigantescas que esta operando dentro de este lugar y es gente que responde a Aníbal Fernández (actual Jefe de Gabinete), muchas de las cual antes estuvo en Dirección Nacional de Migraciones".

¿Por qué crees vos que la IGJ hace estas cosas?

Porque la Argentina esta a punto de ser sancionada por el Gafi - Grupo de Acción Financiera Internacional -, justamente por no tener condenados o procesados por lavado de dinero. Porque aquí hay un emporio de lavado de características gigantescas. No decimos que este todo el gobierno implicado, pero hay sectores del gobierno que claramente están implicados. En el tema que tiene que ver con la trata, que tiene que ver con el tráfico, con el narcotráfico, con el contrabando concretamente. Y donde hay una cantidad de dinero en negro que se maneja desde distintas actividades ilegales que a través de esta cueva se blanquea en sociedades totalmente truchas. Lo hemos visto muy crudamente en el caso Cromañón (Masacre de Cromañón ocurrida en 2004) en el caso de las sociedades off shore que tiene Rafael Levy (Dueño del boliche Cromañón), Raúl Vengrober (Socio de Levy). Que no solamente regenteaba los boliches donde ocurrían los siniestros, sino también talleres clandestinos, prostíbulos y emporios de distintos tipos de actividades delictivas.

¿Quién los atendió?

Nos atendió Larrañaga (Dr. Pablo Leandro Larrañaga - Director de Sociedades Comerciales)

¿A qué atribuye la demora el funcionario?

El funcionario dice que ha habido problemas de vista, burocráticos, administrativos, técnicos y que ahora ya estaba legalmente ok. Y que tenía que pasar por una inspección de contable por el tema del balance trienal. Que esto no podía demorar más de 48 horas y que se iba a obtener la matricula en el transcurso de la próxima semana.

¿Ustedes pudieron hablar con algún empleado que les haya confesado que hay un sistema paralelo?

Sí, todos los empleados con los que hemos hablado lo confiesan, lo reconocen. Incluso el cuerpo de delegados de la entidad, viene denunciando estas cuestiones, por lo tanto, no es algo que solamente La Alameda este denunciando.

¿Van a buscar a la gente responsable?

Si por supuesto.

A la salida luego de comunicar a los presentes lo informado por Larrañaga, prometieron en voz alta volver sin avisar para instalarse en la IGJ hasta obtener el trámite correspondiente del otorgamiento de la matrícula.

(Informe - Foto - Américo Balbuena)

Para escuchar los audios de la jornada: Agencia Walsh)

Trabajo esclavo infantil y muerte

Ezequiel Ferreyra, el niño de seis años que desde los cuatro era esclavizado por la empresa avícola “Nuestra Huella”, falleció producto del cáncer que contrajo por la manipulación de venenos.

Gustavo Vera, miembro de la Asamblea Popular 20 de diciembre (La Alameda), cuenta cómo se recluta a las familias mediante mecanismos de trata y tráfico y cuáles son las condiciones de trabajo infantil y esclavo.

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Entrevista completa