(AW) La Alameda y el MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos) publican esta carta a Victor Hugo luego de que el periodista recibiera a Eugenio Zafaroni, juez de la Corte Suprema de Justicia y dueño de uno de los departamentos denunciados por estas organizaciones como citios donde se explotan a migrantes.
Estimado Víctor Hugo:
Ante nada, nuestro respeto y admiración por tu labor periodística. Ya nos conocemos, de hecho formás parte de nuestro video "institucional" titulado por una sociedad sin esclavos ni excluidos. Creemos que sabes que no integramos ningún sector "desestabilizador" o "conspirativo", somos organizaciones que luchamos consecuentemente contra la injusticia social desde la más absoluta independencia.
En 2009 presentamos una denuncia ante la UFASE señalando la existencia de 613 prostíbulos bajo la modalidad de "privados" donde -con complicidad policial federal y metropolitana- se explota la prostitución ajena de menores y migrantes, en abierta violación a la ley de profilaxis y los tratados internacionales de derechos humanos. Uno -sólo uno- de estos departamentos resultó ser del juez Eugenio Zaffaroni y saltó por la exposición pública del personaje. Allí, seis hermanas paraguayas son sometidas de manera sistemática e impune aún hoy. Lo mismo ocurre en los otros 612 "privados"... ya pasaron dos años, nada se hizo, es la justicia federal, algo está fallando.
Nos sorprende la reacción del Juez ante la difusión de la noticia. Se victimiza, ironiza, se hace el canchero, se lava las manos. No dudamos que su señoría no tenía conocimiento de la utilización que los explotadores le daban a su departamento. No obstante, su responsabilidad por la administración negligente de sus bienes es evidente y debe reparar los terribles daños en los cuerpos lacerados y las psiquis destrozadas de las mujeres que durante al menos dos años fueron salvajemente explotadas en su departamento.
Es el principio jurídico de la "responsabilidad objetiva". Zaffaroni lo conoce, lo enseña y lo aplica en sus fallos. La responsabilidad objetiva se configura independientemente del conocimiento que tenga el propietario o poseedor de un objeto cuando éste produce un daño. Es el mismo principio que opera si le prestas el auto a un amigo y tu amigo choca: tenés que indemnizar a las víctimas, te tenés que hacer cargo de lo que sucedió.
En este caso, no se trata de un accidente... mucho menos, como dice el juez, de "un problema de consorcio": estamos ante una clara violación a los derechos humanos protegidos por tratados con rango constitucional que él dice y debe defender. El Juez -como hombre de honor y de derecho- en vez de victimizarse y manifestar suelto de cuerpo "que hagan la denuncia si creen que hay un delito", debería disculparse con la sociedad, rescindir el contrato, denunciar penalmente a los proxenetas e indemnizar a las víctimas. Asimismo, debería tomar conocimiento del defectuoso accionar de la UFASE y los fiscales federales que no aplican el derecho en defensa de las víctimas de trata y explotación sexual.
No hacemos complots los que pensamos que Shocklender tiene que estar preso por robarle a los pobres, no somos desestabilizadores los que luchamos contra la mafia esclavista amparada por el poder, no somos "la opo" los que denunciamos "Las Casitas" de Río Gallegos... a veces, la megalomanía y la falta de autocrítica justifica las peores atrocidades. Siempre se puede argumentar que es un complot del establishment contra los buenos. Sin embargo, los títulos que pusieron los medios y el conflicto de intereses que expresan no son el problema central sino la violación sistemática a los Derechos Humanos que constituye la trata y la explotación de la prostitución ajena que ni el Poder Judicial ni el Ejecutivo han abordado con la seriedad que requiere.
Gustavo Vera
LA ALAMEDA
Juan Grabois
MTE
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