Por Colectivo Editorial. Las idas y vueltas en el debate por la despenalización y legalización del aborto esta semana tienen un momento decisivo. El próximo jueves sesionarán conjuntamente tres comisiones de la Cámara de Diputados y se definirá si se le da curso al proyecto de ley o si perderá estado parlamentario. Cuando las leyes surgen desde abajo, ¿cómo juega el kirchnerismo?
Como ya es de público conocimiento, la semana pasada en el Congreso de la Nación se discutió por primera vez un proyecto de ley que plantea la despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. La relevancia que tiene el debate sobre el aborto en la Argentina de hoy no es menor, ya que pone sobre el tapete la vinculación que siguen teniendo los distintos actores políticos con instituciones religiosas como la Iglesia Católica y el peso que pueden tener posiciones personales por sobre los intereses de las mayorías.
Vale recordar que en la Argentina se estima que se realizan unos 400 mil abortos por año y que, en promedio, fallece una mujer por día producto de las condiciones de insalubridad a las que la clandestinidad condena, principalmente las provenientes de los sectores populares. La legalización del aborto permitiría que se realicen las interrupciones voluntarias del embarazo hasta la semana número doce de gestación en cualquier hospital público.
La semana pasada, luego de idas y venidas sobre la validez del dictamen que había emitido la Comisión de Legislación Penal del Congreso de la Nación, Juan Carlos Vega, quien la preside, definió convocar una reunión plenaria para el jueves 10 a las 11hs.. La misma debería estar conformada por las tres comisiones que tienen incidencia sobre el proyecto de ley presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Libre, Seguro y Gratuito.
Se reunirán, si quienes conforman las comisiones dan quórum, la comisión de Salud, la de Legislación Penal y la de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. Allí se definirá si el proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo llegará al recinto este año ,o si perderá estado parlamentario y tendrá que volver a ser presentado el año próximo.
Sin duda encarar institucionalmente el debate sobre el aborto es un paso en la lucha de centenares de organizaciones políticas y feministas que han manifestado su apoyo a la iniciativa y así también una muestra de la madurez que ha alcanzado la discusión en la sociedad entera. No es un dato menor que más de 50 diputados y diputadas, representando a la gran mayoría de los bloques políticos, hayan avalado el proyecto.
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Los sectores de la sociedad que se oponen al acceso legal, seguro y gratuito al aborto, encabezados por la Iglesia Católica, ya están haciendo pesar su posición y esta semana intentarán volcar la opinión pública a su favor. Ya la semana pasada, cuando se discutió en la Comisión de Legislación Penal, movilizaron micros llenos de estudiantes de escuelas privadas católicas de la ciudad, concentración a la que también acudieron varias pequeñas agrupaciones nacionalistas de derecha.
Pero no son sólo sectores eclesiásticos quienes se oponen a la sanción de la ley. En la mayoría de los bloques legislativos hay voces en contra y en algunos de ellos, como el del Peronismo Federal, es la visión mayoritaria. Esto ciertamente va a ser una traba para la sanción de la ley, visto que en la comisión de Familia, por ejemplo, la presidencia la tiene Claudia Rucci (Peronismo Federal), quién anticipó que probablemente no se presentará al plenario de comisiones convocado para esta semana. No hay que olvidar que los sectores que se oponen a la legalización del aborto poseen grandes recursos económicos y mediáticos a su disposición y que, como fallidamente intentaron con el matrimonio igualitario, querrán hacerlos pesar para obturar la discusión.
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Una de las incógnitas que atraviesan el tema es de qué forma va a actuar el kirchnerismo en la reunión plenaria. La ausencia en la Comisión de Legislación de once legisladores oficialistas generó desconcierto, ya que varios de ellos habían incluso rubricado el proyecto de la Campaña. Diana Conti, la única presente en el debate, afirmó que el tema no estaba en la agenda del Poder Ejecutivo.
Es conocida la posición de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre el tema, ya que más de una vez difundió en los medios de comunicación su oposición a la legalización del aborto, y es evidente el peso de su liderazgo sobre las decisiones de los legisladores del bloque.
Respecto de las organizaciones sociales que se identifican con el kirchnerismo la situación es también compleja, ya que muchas levantan como bandera la legalización del aborto pero, con la excepción de Nuevo Encuentro, no se han hecho presentes en ninguna de las últimas convocatorias de la Campaña para impulsar la aprobación del proyecto.
La pregunta que podría hacerse es ¿por qué el silencio y la ambigüedad del kirchnerismo en este tema? ¿Qué se pone en juego? Una posible interpretación es que, luego del masivo apoyo electoral con el que cuentan para gobernar y con los sectores más conservadores derrotados, la interna del proyecto oficialista se ha vuelto el escenario donde se están dirimiendo las disputas de las clases dominantes.
Jugársela para aprobar un proyecto al que los sectores de derecha se oponen activamente podría tensionar el armado político, contradictorio pero cohesionado, que hoy gobierna la Argentina.
Sin ir más lejos, Jorge Capitanich, gobernador del Chaco y uno de los pilares del kirchnerismo en el interior del país, el sábado pasado participó en un panel organizado por la Iglesia Católica chaqueña titulado "Políticas Públicas a favor de la Vida" luego del cual declaró a diversos medios: "la protección de la vida desde la concepción en el seno materno es un principio esencial". Y Daniel Scioli, actual presidente del PJ, desde hace rato que se opone al aborto, como ya le dijo a los obispos en 2008. Basa su perfil político en su clericalismo y en una alianza con sectores evangélicos, opuestos al derecho a decidir.
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Tal vez por los sectores que se oponen a la medida, tal vez porque es un proyecto surgido de un reclamo social que además requiere cambios profundos, en la nueva etapa que se abre después de las elecciones del pasado 23 de octubre este debate puede cobrar la relevancia social que en su momento tuvo la sanción de la ley de servicios audiovisuales, allá por el 2009, o la ley de matrimonio igualitario en el 2010.
No es usual en la política argentina que un proyecto sea elaborado por organizaciones sociales, luego de años de movilización, y que ese debate logre llegar a la opinión pública para su discusión y a instancias institucionales de decisión. Pero plantea, quizás precisamente por su falta de regularidad, una discusión que últimamente ha atravesado a todo el continente: la relación de las organizaciones populares con el Estado. Es decir, de qué forma se accede a la ampliación de derechos y a la construcción de una ciudadanía desde los actores sociales y no como algo creado e impuesto por arriba.
El desenlace de este debate en el Congreso sentará un precedente importante. La posibilidad de intervenir por parte de la sociedad civil, organizada y movilizada, sobre el Estado y las decisiones de gobierno generando transformaciones tangibles no es un dato menor. La política implementada en los últimos años tendió a fomentar la iniciativa por arriba y el simple acompañamiento, sin cuestionamientos, por abajo. La aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo significaría una inversión de esta lógica y sentaría un piso diferente para la acción política en los próximos años. Rechazar su tratamiento, en cambio, expresaría el hermetismo y la lejanía habituales en los recintos institucionales, en general impermeables a las iniciativas populares.
Fuente: http://www.marcha.org.ar/index.php/nacionales/92-generos/220-aborto-el-derecho-a-legislar
