La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) instó en marzo último a los países latinoamericanos a invertir más y de mejor manera en educación.
Alertó entonces que solo el 40 por ciento de las naciones de la región destina más del cinco por ciento del producto interno bruto (PIB) al sector.
El tema de la inversión, el lucro, el costo de la enseñanza, entre otros, en especial en los niveles secundario y universitario, han suscitado este año, en América del Sur, uno de los conflictos más connotados del área.
Las manifestaciones estudiantiles chilenas, que reclamaron una educación gratuita y de calidad, sin lucro e inclusiva, alcanzaron niveles insospechados.
De igual forma, en Colombia el movimiento estudiantil puso en jaque al gobierno de Juan Manuel Santos, que cedió ante la presión de los jóvenes, quienes protagonizaron una larga huelga en rechazo a una reforma de ley que culminaría, según ellos, privatizando al sector.
Aunque pareciera que nada tienen que ver las protestas estudiantiles de Chile y Colombia, este año, con los movimientos de indignados de Europa, Estados Unidos, Medio Oriente y otras regiones del mundo, la relación es evidente.
Mientras los cansados del sistema capitalista protestan contra el dominio de bancos y corporaciones, jóvenes chilenos y colombianos reclamaban, en esencia, una educación accesible a todos y sin lucro.
En Chile
Por un lado, en Chile, el alumnado tras casi nueve meses de marchas, huelgas, paros y tomas de centros docentes encendió la llama de las luchas sociales y desnudó una realidad escondida en el renacer económico de ese país.
Al malestar de los jóvenes quienes, sin deponer en todo este tiempo sus demandas por una educación no mercantilista y realmente controlada por el Estado, se unió el de sectores como los mineros, ambientalistas y trabajadores públicos, entre otros.
Más del 80 por ciento de la población, según diversos sondeos, apoya las exigencias del estudiantado, lo que ha desembocado en las más nutridas movilizaciones desde el final de la dictadura de Augusto Pinochet, en 1990.
La mayoría de las manifestaciones estuvieron "acompañadas" de la represión policial, las que también recuerdan los años del régimen pinochetista.
El trasfondo del histórico movimiento estudiantil no es más que la cada vez más profunda brecha social abierta por la desigual distribución de las riquezas, generada por el modelo neoliberal impuesto hace una veintena de años en ese país, de acuerdo con los propios líderes estudiantiles.
La educación, como casi todo, se convirtió en una mercancía en la lógica del neoliberalismo, donde el Estado chileno solo aporta el 15 por ciento de la financiación.
Según diversos estudios, el costo de la educación universitaria chilena, relativo al Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, es el más alto del planeta, y a continuación están Corea del Sur y Estados Unidos.
El gasto público chileno en educación superior es el menor del mundo, con sólo 0,5 por ciento del PIB.
Sin embargo, en el 2000, los países miembros de la Unesco se comprometieron a alcanzar la meta de destinar un seis por ciento al sector.
Un reciente informe del organismo internacional advierte que la educación en este país fomenta la desigualdad.
Acerca de ese estudio, el ex relator de Naciones Unidas sobre el derecho a la enseñanza, Vernor Muñoz, señaló que "el sistema que caracteriza la educación chilena está orientado por procesos de privatización, que tienden a causar segmentación, exclusión, discriminación y desencadenar mecanismo selectivos".
La investigación de la entidad adscripta a la ONU refiere que el sistema de becas y subvenciones del sistema educativo de Chile "protege y beneficia a la iniciativa privada", lo que excluye la interpretación del concepto de educación entendida como bien público.
Tal situación ha provocado, además, que miles de chilenos emigren a otros países del continente, como Argentina, para aprovechar los cursos gratuitos ofrecidos por las universidades públicas.
En Colombia
Durante octubre pasado, en Colombia, los universitarios protagonizaron manifestaciones contra la propuesta de reforma a la educación superior, presentada por el Ejecutivo.
Los estudiantes se opusieron al proyecto por considerarlo un paso hacia la privatización de la enseñanza al considerar que incentiva la inversión empresarial y la creación de universidades con ánimo de lucro, además de atentar contra la autonomía al darle al ministerio un mayor poder de control de los centros educativos públicos.
Multitudinarias manifestaciones inundaron las calles de Bogotá y otras ciudades del país. De igual modo, numerosas iniciativas caracterizaron las protestas pacíficas que muchas veces concluyeron con actos represivos por parte de las autoridades policiales.
También en Colombia, los jóvenes encontraron el respaldo de sus familiares, profesores, sectores sociales y culturales, entre otros.
A diferencia del gobierno chileno, el cual ha presentado propuestas de solución a los reclamos, que no responden a las demandas, en Colombia la administración de Juan Manuel Santos aceptó en noviembre concertar un nuevo proyecto de ley que incluyera propuestas del estudiantado.
No obstante, los jóvenes colombianos anunciaron que se mantendrán en alerta y llamarán a nuevas movilizaciones en caso de que no se cumpla lo pactado.
Ambos movimientos removieron el piso político de los dos países, en este momento sin verdaderos planes encaminados a eliminar las abismales brechas que marcan sus sociedades y que en el sector de la educación aflora de manera permanente.
Y es que coinciden en la necesidad de implantar una educación de calidad, aumento del presupuesto y de la cobertura, corriente en contra de grupos de poder que tienen ganancias en el sector y que apuestan por un futuro de dominación.
Diferencias
Mientras, en otros países como Venezuela o Bolivia, el panorama cambia en beneficio de su población.
Enseñar a leer, escribir y contar fue en las dos naciones la primera tarea de sus gobiernos para transformar el sector educacional y con ello liquidar el panorama sombrío del analfabetismo, que golpea aún en la región, con mayor fuerza a los sectores más pobres.
Sobre el precepto de que la principal riqueza de un país radica en los niveles de conocimiento de su gente, el gobierno de Evo Morales destina una buena parte de los recursos provenientes de su crecimiento económico sostenido a programas sociales, entre los cuales sobresalen los relacionados con la educación.
Un nuevo paso en el país del altiplano es la consolidación del proceso de postalfabetización, tras lograr convertirse en una nación libre de analfabetismo el 20 de diciembre del 2008 con el apoyo de Cuba y Venezuela, en el contexto de la cooperación Sur-Sur en materia de educación.
La Unesco valoró de positiva la experiencia boliviana, que sirvió para alcanzar uno de los pilares del Marco de Acción de Dakar hacia el año 2015.
Por otra parte, se puso en práctica la Ley de Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez, con la cual -según el presidente Morales- Bolivia dejará de tener una "educación alienada, sometida, subordinada" para promover una "educación revolucionaria, liberadora ante todo".
La Ley Educativa, que tiene 92 artículos y 12 disposiciones transitorias, establece la enseñanza obligatoria hasta el bachillerato y no sólo para la primaria, pues se ha propuesto educar en igualdad de condiciones, respetar la diversidad cultural y lingüística, y fortalecer la identidad.
Venezuela, de igual modo, impulsó la alfabetización como primer eslabón de una cadena que llega a los estudios superiores.
Las políticas educativas en ese país están orientadas constitucionalmente a la permanencia de los estudiantes a través de tres fases fundamentales: Alfabetización (Misión Robinson I ), prosecución primaria y secundaria (Misión Robinson II, Misión Ribas) y estudios superiores (Misión Sucre).
Esas misiones educativas pretenden formar ciudadanos reflexivos, críticos, creativos, autogestionadores de su propio conocimiento.
A través del método cubano Yo, sí puedo, Venezuela logró ser declarada territorio libre de analfabetismo en 2005 por la Unesco.
La consecución de los estudios es también un interés de las autoridades venezolanas.
Según cifras del Instituto de Estadística de la Unesco, es el quinto país en el mundo con mayor tasa de matrícula universitaria (83 por ciento).
La meta es alcanzar el crecimiento social, cultural, educacional, ambiental e institucional, y con ello el desarrollo del país.
Tanto en Venezuela como en Bolivia el compromiso de sus gobiernos es luchar contra la exclusión y cumplir con el principio de educación de calidad para todos, dirigido a garantizar un nivel de formación que responda a las necesidades de la población.
El arduo camino de la educación tiene altibajos en Suramérica, pero el empuje social, y el apoyo de gobiernos del área, sin dudas buscan trazar nuevos derroteros.
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