La ruidosa marcha llegó hasta Paseo Colón 285, sede de la Inspección General de Justicia para hacer escuchar su reclamo. Una comisión integrada por Gustavo Vera (La Alameda) y Juan Grabois (MTE) ingresó al edificio y se entrevistó con Pablo Larrañaga, quien informo que para la semana que viene saldría el trámite de inscripción solicitado. Luego se supo, que durante el encuentro Larrañaga se comunico telefónicamente con el responsable de la IGJ, Dr. Marcelo Oscar Mamberti - Inspector General de Justicia -, quien se halla de viaje por el sur del país y dio instrucciones para acelerar lo requerido por las organizaciones.
Los entrevistados por la (AW) coinciden en manifestar que al negar la inscripción se impide acceder a expedientes judiciales o documentos que permiten hacer un seguimiento de las causas denunciadas. Esto hace paralizar la acción de las organizaciones como por ejemplo la Fundación la Alameda que es querellante en 140 causas penales contra esclavistas, tratantes, proxenetas y funcionarios corruptos. Y finalmente la consecuencia es que los acusados logran sobreseimientos escandalosos a escondidas de la sociedad, y que vuelven a ingresar a ese circuito ilegal con la misma impunidad.
En diálogo con la Agencia Walsh Sara Torres (Coalición Argentina contra la Trata y el Tráfico de Personas), indicó: "Desde el año 2004 que iniciamos los trámites hasta el día de hoy no tenemos respuesta y permanentemente hay que hacer un papelito más, uno menos. Que no trajimos tal cosa, que si la trajimos, no nos contestan. Nos hicieron hacer tres veces la misma cosa de distinta forma".
¿Hablaron con alguien?
Todo el tiempo. Vamos a legales, hablamos con una contadora que nos atiende muy amablemente, pero nunca se entiende lógicamente el trámite.
¿Esto pasa en otras organizaciones?
Lo que nos dimos cuenta era que algunas sacaban su registro de la IGJ como sociedad civil en 6 meses. Un año tranquilos, dos años y después seguimos; ya estamos por los 7 años. Empezamos a ver que hay un montón de asociaciones que salen fácilmente, además muchas las hacen estudios contables que tienen más conexión con la gente de acá, que la sociedad civil que somos nosotros. Entonces salen los otros números y los nuestros nunca. Siempre termina en archivo, pagamos vamos a archivo, desarchivamos el expediente, agregamos el papelito que nos dijeron.
¿Y quiénes son los funcionarios implicados en esto?
Yo no sé. Nosotros solo vemos a los empleados que nos atienden e intentan ser lo más amables posibles, pero en concreto el expediente no sale.
Por su parte Gustavo Vera (Fund. La Alameda) explicó a la (AW): "Nos están bicicleteando con la personería a pesar que tenemos todo en regla, algo que ha reconocido hoy Larrañaga, que es el 2do de la IGJ. Y nos están bicicleteando porque hay una orden política. Hay una orden política de que las Ongs que combaten el crimen organizado se les haga huevo con la matrícula para que no puedan ser querellantes en las causas; y cada vez que investigan o denuncian algo no puedan tener acceso a los expedientes y seguir el trámite judicial para que se imparta justicia. Eso por un lado. Pero por otro lado, esas misma cueva que censura y proscribe a las organizaciones que luchan contra el crimen organizado son las mismas que habilitan con una facilidad extraordinaria sociedades off shore donde se esta lavando el dinero en forma escandalosa. Hoy nos han reconocido que en el año y medio que está de gestión el actual titular de la IGJ no hubo un solo reporte de operaciones sospechosas a ninguna de las sociedades off shore que se han habilitado acá. Lo cual es un emporio de lavado de características gigantescas que esta operando dentro de este lugar y es gente que responde a Aníbal Fernández (actual Jefe de Gabinete), muchas de las cual antes estuvo en Dirección Nacional de Migraciones".
¿Por qué crees vos que la IGJ hace estas cosas?
Porque la Argentina esta a punto de ser sancionada por el Gafi - Grupo de Acción Financiera Internacional -, justamente por no tener condenados o procesados por lavado de dinero. Porque aquí hay un emporio de lavado de características gigantescas. No decimos que este todo el gobierno implicado, pero hay sectores del gobierno que claramente están implicados. En el tema que tiene que ver con la trata, que tiene que ver con el tráfico, con el narcotráfico, con el contrabando concretamente. Y donde hay una cantidad de dinero en negro que se maneja desde distintas actividades ilegales que a través de esta cueva se blanquea en sociedades totalmente truchas. Lo hemos visto muy crudamente en el caso Cromañón (Masacre de Cromañón ocurrida en 2004) en el caso de las sociedades off shore que tiene Rafael Levy (Dueño del boliche Cromañón), Raúl Vengrober (Socio de Levy). Que no solamente regenteaba los boliches donde ocurrían los siniestros, sino también talleres clandestinos, prostíbulos y emporios de distintos tipos de actividades delictivas.
¿Quién los atendió?
Nos atendió Larrañaga (Dr. Pablo Leandro Larrañaga - Director de Sociedades Comerciales)
¿A qué atribuye la demora el funcionario?
El funcionario dice que ha habido problemas de vista, burocráticos, administrativos, técnicos y que ahora ya estaba legalmente ok. Y que tenía que pasar por una inspección de contable por el tema del balance trienal. Que esto no podía demorar más de 48 horas y que se iba a obtener la matricula en el transcurso de la próxima semana.
¿Ustedes pudieron hablar con algún empleado que les haya confesado que hay un sistema paralelo?
Sí, todos los empleados con los que hemos hablado lo confiesan, lo reconocen. Incluso el cuerpo de delegados de la entidad, viene denunciando estas cuestiones, por lo tanto, no es algo que solamente La Alameda este denunciando.
¿Van a buscar a la gente responsable?
Si por supuesto.
A la salida luego de comunicar a los presentes lo informado por Larrañaga, prometieron en voz alta volver sin avisar para instalarse en la IGJ hasta obtener el trámite correspondiente del otorgamiento de la matrícula.
(Informe - Foto - Américo Balbuena)
Para escuchar los audios de la jornada: Agencia Walsh)
