sábado, 21 de mayo de 2011

Movilización, poder y legalidad de los Trabajadores Autoconvocados

En el mediodía del miércoles 18, más de 6000 trabajadores de la salud se movilizaron desde distintos puntos de la Provincia a la principal plaza tucumana en reclamo de un salario digno. Por Aporta Herramientas - Boletín tucumano de trabajadores



Después de iniciar la semana con el cierre de los ingresos principales a los Hospitales, de realizar cortes de calles y de ruta, los Trabajadores la Salud le enviaron un mensaje al gobierno provincial llenando la Plaza: el Movimiento de Autoconvocados está unido y dispuesto a luchar hasta conseguir su justo reclamo.

El día comenzó con un paro total y con la concentración de los trabajadores desde temprano en los Hospitales para marchar hacia la Plaza. En alguno de ellos, como en el Centro de Salud, inspectores del gobierno, cual furtivos agentes de servicio secreto de un gobierno dictatorial, pretendieron inspeccionar las carpetas de asistencias de los trabajadores. Estos fueron descubiertos in fraganti por los trabajadores que en la puerta del hospital se concentraban, e invitados a retirarse del mismo al ritmo de los aplausos y del merecido grito de "carneros", debieron huir por una puerta secundaria.

Las amenazas y los aprietes son constantes desde el gobierno, pretendiendo debilitar un movimiento que está que arde arrojándole combustible. El ministro Yedlin, a esta altura del conflicto, es un muerto en vida en lo que a la salud pública se refiere, condenado a errar por el interior de la provincia, inaugurando patéticamente pintura y azulejos en los Caps de algunas comunas, sujeto al desprecio y rechazo de sus “colegas” -con el perdón de los médicos autoconvocados por llamarlo su colega-, y de toda la mayor parte -la que no perdió su dignidad- de la comunidad de la salud pública tucumana.

La ilegalidad del reclamo

Uno de los discursos más repetidos por el gobierno es el de que el reclamo de los Trabajadores Autoconvocados es ilegal por no estar encuadrado a través de un gremio legalmente reconocido. El ministro Yedlin dice que es probable que se realicen presentaciones judiciales contra los autoconvocados. De esta manera, deja al descubierto que lo que comúnmente llamamos como legal en esta sociedad: en la mayoría de los casos, no son más que leyes establecidas desde el propio poder, que le garantizan el sostenimiento de la dominación. Lo legal queda por encima de lo legitimo -en este caso un reclamo salarial-, y cientos de luchas que pretenden subvertir una relación de injusticia son limitadas y acalladas.

Si los trabajadores sobrepasan esa legalidad establecida, por más justos que sean sus reclamos, son “castigados”, llegando incluso a la represión física, como cuando la policía o gendarmería los reprime (Puente Pueyrredon, docentes en Santa cruz, etc). En el caso de los autoconvocados ya tuvimos el ejemplo de los policías actuando en los hospitales y de las sanciones y sumarios a los trabajadores.

El Poder de los Trabajadores

Cuando los inspectores del Siprosa que van a controlar trabajadores tienen que huir corriendo; cuando un director de Hospital es obligado a pararse frente a una asamblea, y los trabajadores le dicen en la cara todas las verdades, le reclaman todos los atropellos e injusticias a la que son sometidos y que día tras día, año tras año, se habían guardado, y aquel solo puede balbucear un par de respuestas sin sentido y agachar la cabeza; cuando el ministro de salud pública no puede pisar los hospitales públicos, y le arman un pequeño circo en algún Caps del interior para que siga haciendo como que cumple sus funciones; cuando los Hospitales se cierran y la plaza se llena de carpas y de miles de luchadores como en la marcha de hoy; cuando todo esto sucede, significa que se está construyendo un cambio muy importante en la relación entre los trabajadores y la patronal, en este caso el estado.

Significa que el espacio público (plazas, hospitales, calles) que el Estado ha expropiado al pueblo y los trabajadores, inhibiendo que estos construyan en él su autonomía y que se cuestione en estos el poder establecido, adquiere por primera vez su dimensión de tal. Lo público cobra vida a través de los trabajadores y el pueblo que lo ocupa y lo utiliza como escenario de sus asambleas y de sus decisiones autónomas. Significa que los trabajadores construyen su propio poder, que es poder-hacer-cambiar una realidad que en la actualidad se manifiesta como injusta. Es un poder democrático y que surge desde las bases, generando espacios que rompen con la verticalidad y autoritarismo de una estructura jerárquica impuesta, que se manifiesta en la organización del poder político -con su representación en la jerarquía de los hospitales- y de los sindicatos burocratizados. Demuestra de manera fehaciente que cuando los trabajadores se organizan, los que pueden ejercer el poder, son ellos.

El poder de los trabajadores y la legalidad

A través de este poder de los trabajadores es como se consigue hacer valer un reclamo justo por sobre los limites que busca ponerle el gobierno a través de la “legalidad”. Este se manifiesta cuando los trabajadores a través de la movilización logran dejar sin efecto una sanción injusta, basada en la “legalidad” de un código disciplinario, como en el caso de las sanciones a los delegados del Hospital Centro de Salud Carim Asus y Jesús Amenábar, o cuando se consigue firmar un acta acuerdo y conseguir un aumento salarial y la desprecarizacion de miles de trabajadores, a pesar de no ser un gremio legalmente reconocido.

Sólo la construcción y organización democrática, respetando y fomentando la participación de las bases, hará posible avanzar en la construcción de ese Poder, que se manifestará en las medidas de lucha necesarias para ganar esta batalla y construir el camino de la futura emancipación de los trabajadores de todo dominio.


Vivienda, desalojos y justicia social

Martín Lozada (RIO NEGRO ON LINE)

Durante el pasado abril, la relatora de las Naciones Unidas por el Derecho a una Vivienda Adecuada, Raquel Rolnik, visitó nuestro país. Entonces sostuvo que el objetivo de su presencia era reflexionar colectivamente sobre el estado de la implementación del derecho a la vivienda adecuada en la República Argentina.

La relatoría de Naciones Unidas fue creada para observar, informar y aconsejar acerca del derecho a la vivienda en el mundo, así como para promover la asistencia y la cooperación a los gobiernos en miras a garantizar mejores condiciones de habitación. Objetivos a ser llevados a cabo como parte de un proceso de desarrollo social en los que la democracia tenga una verdadera dimensión participativa.

Durante su estancia la relatora recordó el carácter operativo de las normas que conforman el derecho internacional. Y ello por cuanto se trata de un sector del sistema jurídico del que surge que una vivienda adecuada es algo más que cuatro paredes y un techo en medio de la nada, sin infraestructura, ni acceso a los servicios mínimos.

Por el contrario, la vivienda resulta componente primario de una vida digna y comprende una serie de factores insoslayables a ser tenidos en cuenta. Entre aquéllos, la efectiva provisión de servicios públicos básicos e indispensables, la cercanía a hospitales, escuelas y otras prestaciones sociales como seguridad pública y vías de comunicación.

Tanto es así que las opciones de residencia que no incluyen tales componentes, así como los programas de vivienda que discriminen de acuerdo con el origen de la persona, sea migrante o nacional, resulten violatorios de los derechos sociales consagrados en la legislación internacional.

Rolnik aprovechó su visita para expresar su preocupación por los desalojos violentos que se están realizando en nuestro país. Al respecto, afirmó que con frecuencia resultan impulsados por el propio Estado y sobre tierras fiscales, sin que una alternativa adecuada de relocalización o compensación le sean propuestas a las familias afectadas.

Frente a la proliferación de causas penales por el delito de usurpación en las cuales suelen requerirse desalojos compulsivos, sostuvo que una legislación procesal que facilite la ejecución de desalojos como medida cautelar, previo al dictado de la sentencia, resulta en numerosas ocasiones violatorias de los estándares internacionales en materia de debido proceso legal.

En ese contexto recordó que aun cuando se considere un desalojo como justificado, lo cierto es que debe ser llevado a cabo en estricto cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos. Entre otras, las que obligan tomar en cuenta los principios generales de necesidad y proporcionalidad de la respuesta estatal en cada caso particular.

El desalojo y quema de viviendas de los Qom, en Formosa; el uso de la fuerza en el Parque Indoamericano; o la acción intimidatoria de grupos de seguridad privada en Ushuaia, afirmó, resultan ser la otra cara de una clase judicial que desatiende de los estándares mínimos de protección y promoción de los derechos fundamentales de la población. Al extremo que, según manifestó, "no conozco otro país donde los jueces ordenen desalojos tan fácilmente, en el marco de medidas cautelares".

La relatora valoró que desde el 2003 el Estado argentino ha intensificado su inversión en materia de vivienda. No obstante lo cual, criticó que el programa se centre en empresas constructoras más que en la acción de las comunidades involucradas.

Según explicó, la crisis habitacional que se arrastra desde hace décadas en nuestro país se agravó en los últimos años debido a que la reactivación económica no se ha visto acompañada por mecanismos de regulación del precio del suelo. De modo que los mayores ingresos de las clases más favorecidas se han trasladado a los precios de venta y alquiler de propiedades, con el consiguiente impacto negativo sobre los sectores de medios y bajos recursos.

Entre tantas afirmaciones y certezas, la visita de Raquel Rolnik dejó también planteado un interrogante en relación con el rol que vienen desempeñando los sistemas penales en contextos marcados por las asimetrías sociales, los incumplimientos estatales y la consiguiente falta de oportunidades para numerosos sectores de nuestras comunidades.

En muchos casos, ellos parecen encaminarse a la manipulación de los medios coercitivos del Estado en pos de proteger órdenes sociales injustos, discriminatorios y expulsivos.

Martín Lozada es Juez en lo Penal - Catedrático Unesco en Derechos Humanos, Paz y Democracia por la Universidad de Utrecht, Países Bajos.

Un año de gestión obrera en la cerámica Stefani

Hoy se realizará un acto en la ciudad neuquina de Cutral Có en conmemoración al cumplimiento de un año de funcionamiento de la fábrica recuperada de cerámica. La misma hacía un año atrás se encontraba inmersa en un conflicto con la patronal, lo cual llevo a que, luego de una larga lucha, pase a estar en manos de los trabajadores.

Omar Villablanca, Secretario General de Trabajadores ceramicos, dio un panorama de la situación actual, y comentó brevemente el funcionamiento que lleva hoy a cabo la fábrica.

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